Los desahucios ejecutados en Euskadi caen a mínimos

El año pasado se realizaron 593 desahucios en hogares vascos. Esta cantidad supone un suelo desde que el Consejo General del Poder Judicial empezó a recoger estadísticas sobre esta cuestión, en 2013. Estos datos vuelven a identificar, como viene ocurriendo en toda la serie histórica, que los desalojos derivados del incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (es decir, los correspondientes a los inmuebles de alquiler) representan el grueso de los lanzamientos. Un 87,35% del total.

De hecho, 2023 fue el año en el que los desahucios a inquilinos tuvieron más peso en toda la serie histórica. Y, a consecuencia, los lanzamientos por impago de un préstamo al banco se redujeron a mínimos porcentuales (fueron 55, mientras en 2014 alcanzaron los 231). Ramón Sáenz de Valluerca, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Álava, está convencido de que la caída drástica en las ejecuciones por impago del préstamo se debe a que «las entidades bancarias tienen una bolsa de morosos mucho más reducida a la de aquellos años que coincidieron con la burbuja inmobiliaria». «En los últimos años los bancos han sido mucho más rigurosos a la hora de conceder esos créditos hipotecarios y, sobre todo en el porcentaje sobre el valor total de la vivienda: de financiar la totalidad se pasó al 70 o al 60%», detalla.

Para el presidente de los agentes de la propiedad alaveses, «los propios bancos son los primeros interesados» en que no se produzca una cascada de lanzamientos como la que arrasó a tantas y tantas familias tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. «Lo primero, por imagen, pero sobre todo porque no es rentable: con un desahucio, el primero que pierde es el banco porque tiene que acabar malvendiendo ese activo inmobiliario», destaca Sáenz de Valluerca, que aporta una clave importante que justifica que en Álava, en comparación con otros territorios limítrofes, la Sareb (el conocido como banco malo) tenga una cartera reducida de pisos procedentes de impagos. «En general, el alavés es mejor pagador», resuelve.

Las plataformas y movimientos antidesahucios, que se convirtieron en actores sociales fundamentales durante la gran crisis inmobiliaria, también se atribuyen un papel «fundamental» en la caída del número de desahucios. «Empezaron a caer por la presión social, por nuestra actividad, cuando se empezaron a denunciar cláusulas abusivas como la del vencimiento anticipado del contrato, con la que con un mes de impago los bancos ya te ponían una demanda de ejecución hipotecaria», reivindica Salvador González, portavoz de Kaleratzeak Stop Araba.

«Si el número de desahucios se mantiene ahora bajo tanto en el territorio como en el resto de Euskadi es en buena parte por el escudo social del actual Gobierno central», reconoce González. La prohibición de ejecuciones hipotecarias a las personas vulnerables, que se aprobó a raíz de la pandemia, sigue vigente hasta 2028. Y hasta el 31 de diciembre de 2024 para aquellos que viven de alquiler y no cuentan con una alternativa habitacional.

El problema, sostienen las plataformas 'antidesahucios', es que «los ayuntamientos no expiden los certificados de vulnerabilidad necesarios con la celeridad que se exige». «En muchos casos, aunque la persona cumpla con todos los requisitos que se piden, que son muchos para evitar la picaresca, no llegan a tiempo para evitar el lanzamiento», asegura el portavoz de Kaleratzeak Stop Araba.

Esta situación, acompañada del imparable aumento del precio de los alquileres -derivado de la escasa oferta en el mercado inmobiliario vitoriano-, implica que, según denuncian los colectivos en defensa de la vivienda digna, las familias que acaban siendo desahuciadas terminen en infraviviendas «a pesar de que el Ayuntamiento de Vitoria dispone de pisos vacíos que, sin embargo, no están en condiciones para ser habitados», denuncia González, que pide al Consistorio «aumentar el parque público de vivienda y aplicar la tasa de vivienda vacía como exige la Ley».

«Es evidente que si la administración tuviera la capacidad de hacer frente a soluciones habitacionales para todas las personas que hay sin recursos no seguirían ampliando una medida propia de la situación de pandemia cuatro años después», sostienen por su parte fuentes de la magistratura alavesa en referencia a la prohibición de desahuciar por el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez. «Y al no existir alternativas habitacionales para estas personas, se les mantiene en propiedades privadas sin pagar el uso y sin posibilidad de lanzamiento», censuran los mismos medios.

En paralelo, los magistrados identifican además un nuevo factor que ha provocado que la cantidad de desahucios caiga a mínimos: las huelgas de la justicia que tuvieron lugar durante 2023. De hecho, el mismo informe del CGPJ revela que sobre la mesa de los juzgados vascos se acumulan miles de casos sin resolver a causa de la falta de personal y los paros.

Y, ante esta situación, ¿qué puede hacer el propietario de un piso que se enfrenta a un inquilino que no paga? Magistrados alaveses consultados por este diario recomiendan realizar primero «una reclamación extrajudicial» y recurrir después a la «demanda de desahucio» por impago», una medida «que viene a tardar una media de ocho o diez meses en dictar sentencia desde que se interpone la demanda.

¿Qué ocurre pues? ¿Por qué hay tan pocos desahucios si la morosidad en el alquiler no deja de crecer por el elevado precio de las rentas? «Que la ejecución no se lleva a cabo si se ha acreditado que el inquilino está en situación de vulnerabilidad», resuelven los mismos medios judiciales de la provincia, que, no obstante, reconocen que «ante una demanda de desahucio, el inquilino no desaloja pero ante un lanzamiento a ejecutar, sí se suelen marchar antes de que llegue el día señalado para realizarlo».