Inmigración irregular

Deniegan el asilo a un vecino de Vitoria por pedirlo «18 años» después de empadronarse

Habla el fallo de «un tiempo extraordinario, concretamente 18 años, lo que constituye motivo esencial para dudar fundadamente de la necesidad de protección solicitada». Este hombre lleva empadronado en el país desde 2002. Dos años después se estableció de manera definitiva en la capital alavesa, donde también figura en el censo municipal.

Su demorada maniobra administrativa «no es puntual», aseguran abogados y policías nacionales sondeados. Coinciden en advertir sobre la actual «oleada» de reclamaciones de protección entre sectores extranjeros de Álava, un fenómeno sostenido durante «los últimos cuatro años». El último informe 'Más que cifras' de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado cifra en 6.153 solicitudes el año pasado en el País Vasco, una cifra inédita. «Hay un atasco claro», advierten medios internos de la Policía Nacional, competente en Extranjería.

Cabe recordar asimismo que este flujo concluye en negativa judicial la práctica totalidad de los casos. Un ejemplo, la Audiencia Nacional se ha pronunciado en los últimos meses sobre algo más de medio centenar de súplicas para ser considerado «refugiado» remitidas desde Vitoria. Todas han sido denegadas.

Entonces, ¿a qué responden? «Es una vía clara para ganar tiempo y está permitida por la ley», admiten letrados especializados. La normativa vigente exige «fundamentar muy bien» la supuesta persecución. Es decir, que el solicitante pueda demostrar que alguien –un gobierno, una banda terrorista o algún grupo religioso vaya directamente a por él por razones políticas, credo o sexuales– si se viera obligado a retornar a su país. Muchos ucranianos desplazados a España por la anexión rusa han optado por este modelo.

El vecino de Vitoria planteaba a la Audiencia Nacional el asesinato de dos familiares directos hace casi un cuarto de siglo, pero sin aportar mayores argumentos ni detalles sobre su situación personal. En este sentido, en su demanda «indica por error Georgia en vez de Nigeria» como lugar al que no podría volver. «Se ha corrido la voz en la ciudad y se utilizan formularios tipo», desgranan agentes especializados.

Por criterio marcado desde Madrid, la plantilla de la Policía Nacional en Álava ejerce de «mero tramitador». No siempre fue así. «Antes sí se hacía filtro, lo que servía de freno para peticiones de nulo peso», confirman agentes consultados por este periódico.

Por su parte, la vía judicial suele tardar en resolverse alrededor de un par de años de media. «Mientras tanto, estas personas pueden trabajar legalmente a partir del sexto mes de iniciar este trámite», especifican letrados sondeados. En ese momento «comienzan a generar arraigo social». Es decir, otro camino para optar a su objetivo inicial; conseguir los papeles.

No obstante, muchos extranjeros en situación irregular residentes en Álava miran con atención al Congreso de los Diputados. La pasada semana inició un proceso de estudio de una regularización exprés para alrededor de medio millón de inmigrantes sin papeles pero con trabajo.