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Estaba cantado. El exdirector del yacimiento de Iruña Veleia Eliseo Gil agotará su último cartucho legal antes de que la Justicia entierre definitivamente su versión sobre los «grafitos extraordinarios». Su abogado, Javier Martínez de San Vicente, recurrirá la sentencia que le condena a un global de dos años y tres meses de cárcel -que no implicará en ningún caso su ingreso- y a pagar 12.490 euros a la Diputación de Álava a medias con el segundo sentenciado, Rubén Cerdán. También deberá desembolsar 72 euros por los desperfectos causados en las piezas extraídas del yacimiento ubicado a unos diez kilómetros de Vitoria.
Para la defensa, el quid de este larguísimo pulso judicial, que ya va por su undécimo año, reside en que el fallo del Juzgado de lo Penal 1 reconoce expresamente que «no se ha acreditado» que Gil fuera el autor material de las inscripciones contemporáneas en las piezas, que sí son de la época tardorromana pero tampoco cuentan con demasiado valor ni histórico ni arqueológico.
Señalado por el fallo como el instigador principal del embuste, Gil es el primero en dar este paso. Todo indica que el otro condenado, su antiguo colaborador Rubén Cerdán -a un año y tres meses-, hará igual. Las defensas ya pidieron en el juicio, celebrado en febrero, la absolución para sus clientes. En el proceso hubo un tercer condenado, el geólogo Óscar Escribano, pero este aceptó un trato con la Fiscalía el primer día de la vista oral por el que aceptó un año de cárcel como autor de un delito contra el patrimonio histórico.
Y si Gil ha anunciado ya su decisión de apelar a la instancia superior, lo más probable es que la Fiscalía de Álava haga lo mismo. El Ministerio Público reclamó hasta cinco años y medio para el que fuera director del yacimiento, propiedad de la Diputación de Álava.
La sentencia, de 256 folios, señala a Eliseo Gil por haber manipulado «él mismo o por medio de terceras personas», grafitos calificados en su día de históricos porque adelantaban varios siglos la aparición del euskera. Pero a juicio de Martínez de San Vicente, el fallo se sostiene en «indicios muy poco trabajados y sin peso jurídico para determinar una condena penal».
Para el letrado, la sentencia contiene contradicciones. Por una parte, la juez afirma, según San Vicente, que Gil convino o se puso de acuerdo con Cerdán para hacer unos informes a sabiendas que no se iban a hacer las analíticas o las pruebas científicas con el objetivo de lograr una subvención de 12.000 euros de la Diputación. Sin embargo, el fallo «omite» que fue la propia institución foral la que «presentó a Cerdán como profesional especialista en este tipo de análisis», puntualiza el abogado defensor de Gil. Además, considera «absurdo» que por 12.000 euros pusiera en riesgo el convenio que su empresa -Lurmen- tenía suscrito con Euskotren por valor de 3,7 millones de euros.
qué dice la defensa
Por último, la defensa de Gil sostiene que la sentencia no hace referencias a que no había móvil ni motivo alguno para que cometiera estos delitos y reconoce que hubiera resultado «difícil» pensar en una sentencia absolutoria después de «once años sometido a la pena de banquillo».
El recurso ante la Audiencia Provincial de Álava supondrá el último capítulo para este culebrón. Este órgano judicial es el de mayor rango en la provincia. Sus tiempos medios para resolver los recursos recibidos no suelen bajar de los seis meses. En este caso, además, el tapón producido por el coronavirus podría elevar ese promedio. «Lo lógico es que pasara medio año como mínimo antes de la resolución definitiva», calculan desde el Palacio de Justicia. Es decir, finales de este año o principios del próximo. Este dictamen, eso sí, cerraría por fin el proceso.
Como adelantó el miércoles elcorreo.com, el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria condenó a Eliseo Gil a un año de cárcel por un delito continuado de falsedad documental y a otro año y tres meses por una estafa continuada en concurso con un delito continuado de falsedad en documento privado. Al no superar ninguna de estas penas los dos años, no entrará en Zaballa.
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