Las claves del caso: piezas falsas y autoría de Gil «por sí mismo o por terceras personas»

Entre junio de 2005 y el verano de 2006, cuando los supuestos hallazgos excepcionales vieron la luz, se encontraron decenas de piezas que fueron almacenadas «en uno de llos módulos del yacimiento». A partir del proceso de lavado de las piezas, y siempre en este proceso (arrancado en diciembre de 2005), los empleados del yacimiento comenzaron a encontrar inscripciones con escritura y epigrafía con distintas temáticas: motivos cristianos, frases y nombres en latín, supuestos jeroglíficos egipcios, o palabras en euskera. Inscripciones que, remarca la sentencia, «no habían sido vistas en el momento de su hallazgo en la excavación».

El instituto de Patrimonio Cultural de España estudió parte de esas piezas (en concreto, 39) y calificó la mayor parte de ellas (33) como «manipuladas por Eliseo Gil o por éste mediante terceras personas».

La jueza insiste en este detalle de la autoría en su redacción: «Entre los meses de julio de 2005 y junio de 2006, Eliseo Gil, bien por sí o bien por terceras personas, realizó incisiones para dotar de diversas inscripciones en 36 piezas arqueológicas tardorromanas auténticas de cerámica (...) y ello con la intención de dotar a los hallazgos del yacimiento de un pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían, con lo que estas piezas quedaron deterioradas de forma irreversible».

El plan necesitaba una base científica y, para ello, «con la finalidad de conferir a las piezas la trazabilidad que no tenían, y a sabiendas de la falsedad de los grafitos», Gil «concertó con Rubén Cerdán la realización de informes para corroborar la apariencia de autenticidad» de las revolucionarias inscripciones.

Cerdán hizo su trabajo. Recogió tres lotes de piezas «que le facilitó Eliseo Gil» y realizó tres informes en los que incluyó análisis espectroscópicos falsos atribuidos a un laboratorio francés. Cerdán simuló que estos análisis «se habían llevado a cabo». Y a pesar de que «era conocedor de que los estudios interpretaciones y las conclusiones que hacía constar en sus informes no podían ser ciertos (...), presentó unos resultados en los que concluye que no existen razones para creer que las piezas habían sido manipuladas en una época reciente».

Hechos los informes, y «con la finalidad de obtener un beneficio económico de carácter ilícito», Gil y Cerdán «acordaron» que éste girase las facturas a la empresa de Gil (Lurmen), «a sabiendas de que ésta a su vez iba a repercutir su importe a la Diputación de Álava». Las facturas fueron de 5.817 y 5.888 euros.

La jueza cierra los hechos probados con los movimientos que precipitaron la denuncia por estafa. Las conclusiones de la Comisión Científico-Asesora reunida por la Diputación alavesa en 2008, «que no pudo concluir que los grafitos fueran auténticos», y la consiguiente denuncia de la Diputación alavesa en sede judicial en marzo de 2009.

La jueza recuerda en los hechos probados la chusca anécdota que pone en evidencia la ligereza de la investigación arqueológica de Gil y sus socios en tierras alavesas: Óscar Escribano, en un día «no precisado del mes de agosto de 2005, tomó una de las piezas arqueológicas halladas en la excavación y, valiéndose de un punzón, ejecutó en la misma la inscripción de la palabra Veleia». Las personas que la lavaron encontraron esta pieza y creyeron haber encontrado una pieza «de alto valor histórico».

Tras el revuelo, Escribano, que pactó al inicio del juicio aceptar un año de cárcel por este hecho, reconoció su acción. Manifestó que había sido «una broma». Como casi todo en aquellos días en el maltratado yacimiento alavés.