Bildarratz eleva el tono y acusa a las empresas de autobuses de usar a las familias como «rehenes»

El consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, elevó ayer el tono y acusó a las empresas de transporte escolar que se niegan a sacar los autobuses de utilizar a las familias como «rehenes». Las compañías se mantienen en sus trece y rechazan acatar la orden de ejecución forzosa con la que el departamento pretendía obligarlas a prestar el servicio. Su «insumisión», dijo Bildarratz, tendrá «consecuencias». No especificó cuáles, pero se entiende que las establecidas en la legislación en casos de incumplimiento de un acto administrativo de obligado cumplimiento.

«Estamos en un Estado de derecho», y todos, «también los transportistas estamos obligados por el derecho», afirmó. «Si no están de acuerdo con la orden, como es legítimo, tienen instrumentos jurídicos para reivindicar su posición, pero tienen que utilizar la ley, no la insumisión», afirmó, en una entrevista en 'Onda Vasca'. «Aquel que se quiera mover fuera del marco de la ley, no va a tener una fácil escucha por parte del departamento». «La educación es un servicio público esencial, y el transporte es esencial para dar ese servicio», señaló.

El consejero se refirió así al conflicto con el sector del transporte que afecta únicamente a los colegios públicos de Bizkaia y Álava. Unos 10.000 alumnos en total. De ellos, 7.400 se quedaron ayer sin autobús, según reveló el propio consejero, la misma cifra que el pasado jueves y viernes, cuando la mayoría de centros arrancaron el curso. La situación puede agravarse si el pulso de los transportistas se mantiene en las próximas semanas.

Bildarratz explicó que su departamento «entrará a fondo» para dar respuesta a los recursos administrativos planteados por las empresas contra la orden de ejecución forzosa. Las compañías aseguran que no moverán los autobuses hasta que se resuelvan sus alegaciones. Las que han optado por esta vía, la administrativa, son sobre todo pymes y empresas familiares, que son mayoría en Bizkaia. Hay otras compañías, más grandes, que han acudido a la vía judicial contra la obligación de sacar los autobuses; y, mientras la Justicia decide, sí prestan el servicio. Esto explica por qué más de la mitad de rutas de Álava sí cuenten con autobús, mientras esa cifra apenas llega al 10% en Bizkaia.

El conflicto, por tanto, tiene visos de enquistarse. Los puentes están rotos y no hay contactos entre las partes. «No hay diálogo», reconoció Bildarratz. Así las cosas, es de esperar que la situación se alargue hasta que se resuelvan los recursos. No hay un plazo definido. Bildarratz afirmó que los tendrán listos «en el tiempo que necesitemos». El departamento trabaja «las 24 horas para ver qué alternativas» hay para prestar el servicio de transporte y hará «lo indecible para que eso pueda ser así».

En los colegios ya sospechan que el conflicto va para largo; más todavía después de que Bildarratz anunciase el viernes que el departamento compensará económicamente a las familias afectadas, en previsión de que la situación se enquiste. Los centros han avisado a las familias para que se organicen como puedan. Lo que en un inicio pudo ser una anécdota en la vuelta al cole puede, de mantenerse, complicar seriamente la conciliación familiar.

Las asociaciones de transportistas están en pie de guerra. Consideran que Bildarratz traspasó una línea roja cuando les acusó de conformar un cártel para ponerse de acuerdo y dejar desiertos todos los concursos de las rutas.

La razón para no presentarse, explican, fueron, por un lado, las condiciones económicas inasumibles; y, por otro, algunas novedades como la obligación de tener un autobús y un chófer de reserva parados en una cochera o un nuevo régimen sancionador. Luego rechazaron la oferta del Gobierno de trabajar en las mismas condiciones que el año pasado porque se les ofrecía ejecutar el servicio hasta que se licitasen de nuevo las rutas y no todo el año.

El Gobierno ya ha elevado el caso a la Autoridad Vasca de la Competencia. El organismo ha abierto expediente a 76 empresas, que se enfrentan a una sanción económica. Educación también aseguró que llevará el caso ante la Fiscalía, aunque todavía no lo ha hecho.

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