El concejal de convivencia pide a los vecinos de Vitoria «generosidad» con los okupas

«La convivencia hay que construirla, cuesta tiempo, implica ser generosos, hacer sacrificios, ceder y entender al otro. Más allá de los recursos que podamos poner, la convivencia se construye entre todos. No se puede delegar en una institución, hay que repartir responsabilidades», afirmó. El responsable puso como ejemplo Sansomendi, su barrio, donde «hemos vivido alguna de estas situaciones y somos un ejemplo de convivencia».

Desde el Consistorio, remarcó, se van a promover actuaciones en pro de la convivencia. El edil recordó las dificultades que se encuentran los Servicios Sociales para abordar a los okupas sobre todo porque se precisa su «voluntariedad» para que accedan a los itinerarios de inserción. En ese sentido ofreció mediación. Desde el Ayuntamiento «tenemos claro, y nos hemos puesto a ello, que el Observatorio de Convivencia tiene que tener capacidad de mediación e interlocución con estos grupos, siempre en coordinación con los servicios sociales».

El equipo de gobierno también avanzó la posibilidad de ampliar el número de educadores sociales que actúan con este tipo de perfiles. «Vamos a seguir haciendo, ya estamos haciendo mucho. La ampliación de Hurbil (equipo profesional de intervención psico-socio-educativa del Ayuntamiento) es algo que estamos valorando», transmitió Raimundo Ruiz de Escudero (PNV), concejal de Políticas Sociales.

Los responsables del gobierno municipal comparecieron en respuesta a los representantes vecinales de los barrios de Arana, Casco Medieval y Judimendi -Peio Salazar, portavoz de Aranako, Manu Arakama (Gasteiz Txiki) y Ángel Madina (Judimendikoak)- que acudieron a la comisión municipal del ramo para demandar que se amplíen los recursos humanos de los servicios sociales, así como fórmulas adecuadas para abordar a estos okupas que han aparecido «hace más de un año». «Van pasando de lonja en lonja y la forma que tienen de sobrevivir a veces es delinquiendo». Carecen de padrón o tienen problemas de consumo de drogas o de salud mental que dificultan su inserción, relataron los portavoces.

Hay casos en los que los okupas «tienen expedientes penales», lo que les impide entrar a programas o a recursos como comedores sociales. «Hay que habilitar fórmulas para que sean atendidos. Cambiar requisitos de los protocolos». «Si todo esto no se lleva a cabo, nos vemos abocados a que la única posibilidad que tienen para insertarse es la cárcel, y no podemos creer que no haya otra posibilidad». Los colectivos incidieron en que «la respuesta policial está siendo brutal, a la Policía no se le puede pedir que esté más». Reclamaron también «socorro» en referencia a la reciente asamblea vecinal celebrada en Arana. «Visteis la respuesta que mucha gente quiere dar. Si no hay una actuación rápida y eficaz, lo que va a pasar son pequeños brotes de violencia, racismo», alertaron.

Desde la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos pidieron «reforzar» los servicios sociales y trabajar en la búsqueda de alojamiento junto a otras fórmulas de inserción. «Con lo que hay no vale, tenemos que inventar nuevas formas», instó Alberto Porras desde la coalición. El PP manifestó que los vecinos reunidos en Arana «no hablaban de un problema de convivencia, sino de inseguridad ciudadana». A los okupas «cuando se les ofrecen servicios sociales dicen que no quieren. No se quieren integrar», alertó la portavoz popular Ainhoa Domaica, que denunció que las ocupaciones ilegales en lonjas en Vitoria han subido «un 80%».