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Entre dar carpetazo al procedimiento judicial o mantenerlo vivo durante tiempo indefinido, el Ayuntamiento de Vitoria se inclinó el pasado jueves por la primera opción, la menos lesiva políticamente: acata el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que considera «nulo» ... el nombramiento del jefe de la Policía Local de Vitoria, Roberto García Tobalina. De hecho, el cese del funcionario se ha firmado en la mañana de este mismo viernes y será efectivo hoy lunes, tal y como informó la alcaldesa, Maider Etxebarria.
Ni recurso de casación ni escrito aclaratorio ni cualquier otra fórmula que mantenga el foco público sobre un controvertido asunto que estalló hace dos años por una «irregularidad en el procedimiento» interno que se siguió para mantener en el cargo a García Tobalina. El Gabinete Etxebarria renuncia a seguir en la vía judicial. Y lo hace después de que, en apenas dos días, haya recibido un auto del Contencioso-Administrativo 1 exigiendo el «cese inmediato» del máximo responsable policial y la resolución del TSJ del País Vasco en el mismo sentido. Lo hace, en definitiva, consciente de que el margen de respuesta era escaso. Recurrir al Tribunal Supremo se calibró como un salto al vacío.
La regidora socialista, en ese sentido, ha expresado su «máximo respeto a las decisiones judiciales». «Podemos estar más o menos de acuerdo, pero desde luego vamos a respetar y cumplir las sentencias y es lo que estamos haciendo», ha subrayado en su comparecencia posterior a la Junta de Gobierno Local de este viernes. Preguntada sobre si el varapalo judicial ha podido empañar la imagen del Consistorio, la máxima responsable municipal ha afirmado que «me preocuparía no cumplir una decisión judicial. Estoy muy tranquila».
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Lo que no ha detallado Etxebarria es la fórmula por la que se optará para la designación del nuevo jefe de la Policía Local. «Vamos a ir paso a paso». Lo marcará el departamento de Función Pública, está «trabajando y elaborando las nuevas pautas», ha indicado la regidora. Sí ha querido «poner en valor la labor desempeñada por el comisario, que ha hecho un magnífico trabajo, se ha dedicado absolutamente en cuerpo y alma, ha tenido una dedicación, profesionalidad, respeto y empatía que ha sido increíble».
¿Cómo se ha llegado a este punto? García Tobalina, entonces suboficial, accedió a la jefatura de la Policía Local en 2018 en una comisión de servicios, a la que optaron otros candidatos. Este sistema permite cubrir un puesto que, por su significado en la estructura de la Administración, se considera «inaplazable» y exige cierta urgencia. El dictamen del TSJ no cuestiona en ningún caso esa primera fase del 'ascenso'.
Pone el foco en lo que sucedió después. Y es que una característica clave de la comisión de servicios es que ha de ser «temporal» o «provisional». El límite está en los tres años. Y en 2022 el departamento de Seguridad Ciudadana -entonces controlado por Marian Gutiérrez (PSE)- y el de Función Pública -del que era responsable Iñaki Gurtubai (PNV)- canalizaron una suerte de actualización del nombramiento. García Tobalina fue reelegido de forma automática. No se abrió un proceso que diera pie a otros aspirantes. De ahí la «irregularidad en el procedimiento» al que se refiere la sentencia. Y que fue denunciada por una potencial postulante que se sintió perjudicada, la subcomisaria Marian Vidaurre. Lo hizo de la mano del sindicato ELA. Se entendió como una elección a dedo.
El TSJPV insiste en que la plaza debió ser convocada con «transparencia» -como aparentemente sucedió la primera vez-, y atribuye al Ayuntamiento vitoriano «un abuso de poder», según la información facilitada por la citada central sindical. Y aunque en un primer momento se apuntó a una posible «discriminación por razón de género», algo que sí entendió el Contencioso-Administrativo 1 de Vitoria, el alto tribunal vasco lo descarta.
El cese se ha activado con la premura solicitada por los jueces. En esencia porque el TSJ del País Vasco ahonda en el auto del Contencioso-Administrativo número 1. Y este emplazaba el pasado miércoles al Gabinete Etxebarria al «cese inmediato» del mando policial. Lo hacía, bien es cierto, como medida cautelar, hasta que se pronunciará el TSJ. Y su resolución (se insiste) entró ayer oficialmente en los despachos de la sede de plaza de España.
El Consistorio ha dado cauce al mandato judicial con una labor entre los servicios jurídicos del Ayuntamiento, en coordinación con Seguridad Ciudadana y Función Pública. Departamentos en los que, por cierto, ahora la responsabilidad política se ha invertido. El primero lo pilota la parte jeltzale del Ejecutivo y el segundo está bajo el control de los socialistas.
Lo que no está fijado es la fórmula que se utilizará para cubrir el puesto en la nueva etapa. Comisión de servicios, concurso de méritos... Por definir. En todo caso el propio García Tobalina podría aspirar a recuperar el cargo. Aunque también hay otras candidatas, la propia litigante, Marian Vidaurre -que en la actualidad se encuentra al frente del área de Tráfico-, y otra subcomisaria, Silvia Rodríguez, de la que dependen unidades como la de Investigación y Menores.
El fallo del TSJ favorable a la primera de las citadas, Marian Vidaurre, obliga al Consistorio a «abonar salarios y complementos que le corresponderían como jefa de la Policía Local desde el 1 de abril de 2022 hasta la resolución del concurso».
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