El TSJPV confirma que el nombramiento a dedo del jefe de la Policía Local fue «nulo»

Aquella designación irregular en la Guardia urbana data de abril de 2022, cuando el cuerpo dependía del PSE en el Gabinete Urtaran -hoy es competencia del PNV-. El ahora señalado llevaba en el cargo desde 2018 «en comisión de servicios». Al ser ascendido de suboficial a oficial, el departamento -entonces dirigido por Marian Gutiérrez- le reeligió como máximo responsable de la comisaría de Aguirrelanda sin abrir la convocatoria a otros candidatos de igual rango. Fue una especie de actualización de nombramiento. En este punto reside el origen de esta pugna judicial. Porque, tras no poder optar al puesto, una perjudicada, la subcomisaria Marian Vidaurre, decidió acudir a la vía judicial de la mano del sindicato ELA.

Dos años después, el TSJPV abunda en que esa plaza capital debe ser convocada con «transparencia», atribuyendo al Ayuntamiento vitoriano «un abuso de poder», siempre según la central sindical. Eso sí, este tribunal con sede en Bilbao ha descartado una «discriminación por razón de género», como sí entendió en su momento el Contencioso-Administrativo 1 de Vitoria.

Tras esta nueva victoria judicial, la central sindical instó al Gabinete Etxebarria, que heredó esta situación del anterior equipo de gobierno, a que «no agrave más la situación y ejecute de una vez la sentencia para nombrar al futuro comisario o comisaría mediante un proceso transparente, y dando opción de participar a todos los trabajadores que cumplan los requisitos». Desde el Departamento de Seguridad, un portavoz autorizado aseguró que, a última hora de la tarde de ayer, todavía no había llegado ninguna comunicación oficial sobre este espinoso asunto. Hasta que no puedan estudiar el texto legal seguirán con el actual organigrama en la comisaría de Aguirrelanda. El fallo, estiman fuentes judiciales, «llegará mañana (por hoy) como tarde».

Sea hoy u otro día, la realidad habla de un tercer varapalo judicial en este asunto para el Consistorio. A estas dos sentencias habría que añadir otro auto desvelado en la mañana de ayer por EL CORREO, donde el Contencioso-Administrativo 1 urgió al «cese inmediato» de este mando hasta que llegara el fallo del TSJPV. Con su anuncio de ayer, esa suspensión temporal no se ejecutará.

¿Cuál será entonces el próximo capítulo? Una vez se reciba la resolución del TSJPV a la plaza de España, al Gabinete Etxebarria y al Departamento de Seguridad en particular le quedarán dos alternativas. Por un lado, recurrir esa sentencia a una instancia superior. Es decir, el Tribunal Supremo. Se antoja una opción secundaria debido a que en esta materia no suelen prosperar los recursos. Sí podría servirles como táctica para ganar tiempo. Al menos medio año.

En el supuesto de que Seguridad y Función Pública decidan hacer suyos estos mandatos judiciales -ninguno firme todavía-, deberían acometer un nuevo concurso de méritos para optar a la preciada plaza de comisario. Esa promoción interna debería ser «abierta, pública y transparente». Hasta podría optar el propio García Tobalina. De renunciar, las candidatas naturales para sucederle serían la litigante, Marian Vidaurre, y otra subcomisaria, Silvia Rodríguez. La primera, de 55 años, lidera en la actualidad el área de Tráfico y se ha curtido en los despachos de Aguirrelanda. Con un perfil similar, la segunda suele ejercer de enlace en las reuniones con otros cuerpos policiales. De ella penden Investigación y Menores, dos unidades fundamentales.

Por cierto, también resuelve el TSJPV que a la demandante se «le abonen los salarios y complementos que le corresponderían como jefa de la Policía Local desde el 1 de abril de 2022 hasta la resolución del concurso».