«Los que no quieran vacunarse no deberían trabajar en contacto con personas de riesgo»

Todo a colación del goteo de contagios entre usuarios de los centros sociosanitarios, que ha puesto el foco sobre los trabajadores desprovistos de la vacuna siete meses después del comienzo de la campaña. En las residencias alavesas rondan el 5%, la mayoría porque han superado hace poco la enfermedad o por contraindicaciones médicas. Pero hay otros que «deliberadamente» han dejado pasar esa oportunidad, señaló ayer el jefe del Ejecutivo alavés. «Son un factor de riesgo y nuestra obligación es proteger a las personas con patologías graves», enfatizó.

De hecho, el importante grado de aceptación social en torno a las vacunas ha postergado un debate que en otros países ya se ha desarrollado precisamente por todo lo contrario. Pero por pocos que sean aquí, su impacto como posibles portadores del virus empieza a generar preocupación entre las autoridades.

Ramiro González puso ayer voz a esa inquietud. Se trata del primer representante institucional vasco que pide abiertamente amparo legal para impedir que los no vacunados puedan trabajar en centros de mayores, lugares especialmente azotados por la pandemia, con casi 190 alaveses fallecidos en estas residencias durante las primeras olas, y en los que la campaña de inmunización ha ido surtiendo un innegable efecto. «Creo que tendría que ser posible legalmente no dejar que esa persona pueda contagiar. Se produce una situación en la que tenemos el derecho de todos a defender la salud y evitar el contagio y, por otra parte, el derecho de las personas a deambular libremente o entrar en espectáculos y lugares de ocio. ¿Cómo se soluciona esta controversia? Con sentido común», abundó.

El planteamiento de González pilló por sorpresa al resto de las instituciones vascas. Consultadas por este periódico, fuentes de la Diputación vizcaína eludieron entrar en el debate, aunque desde enero tiene un dictamen negativo del Comité de Ética de Intervención Social, un órgano consultivo de la institución foral. Tampoco quiso ofrecer posición alguna el Gobierno vasco, que no ha recibido ningún tipo de petición del ente foral alavés a este respecto. Es por eso que Lakua tampoco ha trasladado a su vez ninguna solicitud de cambios legales al Ejecutivo central, en cuyas manos estaría la opción de desplegar un paraguas normativo para este cometido.

Y es que, además de ético, también se trata de un importante debate legal. Las normas en vigor impiden obligar a nadie a ser vacunado. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha sentado jurisprudencia. Lo hizo hace sólo dos semanas, cuando acordó mantener suspendido el precepto de la Ley de Salud de Galicia que incluso establecía sanciones a quienes no se inocularan frente a enfermedades infecciosas transmisibles. Considera el corte de garantías que supondría una «intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano».

El Gobierno de Pedro Sánchez, máxime con ese antecedente sobre la mesa y consciente de la controversia social que pudiera suscitar, no parece estar dispuesto a abordar estos planteamientos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo descartó por última vez este mismo lunes. Se amparó en un genérico «la gente acude masivamente a vacunarse», aunque no hizo hincapié específicamente en los profesionales que atienden a personas de riesgo. En la retina todavía permanecen las imágenes de los disturbios callejeros desatados en Francia después de que el Gobierno de Emmanuel Macron haya obligado por ley a los sanitarios a vacunarse.

En cualquier caso, el debate se instala en Euskadi a sólo un mes de un arranque de septiembre en el que, salvo repunte de la pandemia, se prevé un fuerte regreso a la presencialidad en el ámbito laboral. Algunas empresas extranjeras como las tecnológicas Google y Facebook ya han exigido a sus empleados que se vacunen para acudir a la oficina a la vuelta de las vacaciones. También gobiernos autonómicos como los de Cantabria y Canarias han asegurado estar estudiando las posibilidades para llegar al 100% de inmunizados entre sanitarios, profesores o funcionarios, aunque asumen los escollos legales existentes.

Al diputado general de Álava le gustaría que para este complicado arranque de curso se pudiera exigir ya la vacunación de los trabajadores de los centros sociosanitarios, una vez se haya ofrecido a toda la sociedad la posibilidad de inocularse el antídoto contra el coronavirus. «Antes no, ya que supondría una privación de derechos a aquellos que no han tenido la oportunidad de recibirla», remarcó en la misma línea que el alcalde de Vitoria. En los últimos días, Gorka Urtaran se ha mostrado «muy partidario» de exigir el pasaporte covid para acceder a la hostelería y las actividades de ocio.