Álava cerró 2023 con 4 millones de euros sin gastar por contratos que quedaron desiertos

Si en el ejercicio anterior el lastre lo provocaba el desinterés (por su supuesta baja rentabilidad) en ciertos servicios –las subcontratas de limpieza o la gestión de las cafeterías municipales de Vitoria, por ejemplo–, ahora el problema se ha focalizado de nuevo en las obras públicas. A ellas corresponde el grueso de los contratos que se quedaron desiertos. Porque si bien es cierto que se contuvo la subida de las materias primas –con bajadas de precios en primavera y verano, según el índice de costes de construcción del Eustat–, el tramo final del año experimentó un repunte acelerado de los precios. Llegaron a ser un 4,6% más altos que en 2022.

Con este inconveniente han tenido que lidiar las administraciones públicas. Con él y con las elecciones municipales y forales que se celebraron el pasado 28 de mayo, que frenaron los procesos de contratación. Un total de dieciséis expedientes de obra pública se quedaron en el aire en todo el territorio.

El problema se ha dejado sentir especialmente en los ayuntamientos medianos, que concentran el grueso de la contratación fallida. Y entre ellos, el Ayuntamiento de Iruña de Oca es la institución que más dinero tiene pendiente de ejecutar en licitaciones. Aunque son dos grandes obras públicas las que capitalizan todo el interés: la reforma de cuatro pistas deportivas en el complejo de Arrate y las obras pendientes en el Jardín Botánico de Santa Catalina. Sólo en este último contrato hay comprometido más de un millón de euros que proceden de los fondos europeos 'Next Generation' y que ahora mismo no tienen empresa candidata a la que encargar la obra.

Fuentes del Consistorio reconocen las dificultades. «Estamos teniendo problemas con obras importantes que queremos hacer para la ciudadanía», aseguran desde el equipo de gobierno. La intervención en el Jardín Botánico, de hecho, tuvo que volver al pleno para sacar adelante una actualización de los pliegos que haga más atractivo el proyecto.

Aunque es en Asparrena donde se encuentra el contrato desierto de mayor cuantía de Álava: el expediente con el que el Ayuntamiento quiere levantar la planta comarcal de compostaje. Un proyecto que también cuenta con financiación europea y cuya primera licitación quedó sin adjudicataria pese a que el presupuesto asciende a cerca de 1,2 millones de euros.

La alcaldesa del municipio, Txelo Auzmedi, confirma en declaraciones a este periódico que «hubo empresas interesadas», pero que fueron algunos requisitos del contrato, como las actividades económicas a las que había que dedicarse para cumplir con los requisitos, lo que obstaculizaron que las compañías pujasen por el encargo. Ahora se prepara un nuevo documento que prevé un incremento de la cuantía total que se movería en el entorno «del 10%».

Paradójicamente, Vitoria es la que menos lastre tiene. Acumula algo menos de 450.000 euros sin gastar. Los proyectos que el Gabinete de Maider Etxebarria tiene pendientes de ejecutar son, en su mayoría, obras o encargos de menor calado. El único que tiene un presupuesto de envergadura es el de la reparación de nichos y las reformas necesarias en una manzana del cementerio de El Salvador, donde el agua genera problemas en los colectores y que salió a contratación por 336.000 euros.

Y aunque no se trate de contrato desierto –sino de un proyecto fallido por la incompetencia política– el pasado año, y de una sola tacada, el Ayuntamiento tuvo que devolver los 4,2 millones de euros de las ayudas europeas que recibió en 2003 para construir el tanque de tormentas de Yurre.

En el resto del territorio se suman unas mejoras en la AP-1 a cargo de Arabat, la compra de módulos prefabricados para trasladar temporalmente la Ertzain-etxea de Llodio, la compra de una miniexcavadora para el ayuntamiento de la cabecera del valle de Ayala o la reforma y ampliación del Consistorio de Campezo.