Álava busca rebajar los 7 meses de espera para la valoración de la discapacidad

Según ha podido saber EL CORREO, la Diputación ha diseñado una especie de 'hoja de ruta' para simplificar y acelerar este proceso. Así, por ejemplo, a las personas que llegan al Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) por primera vez para solicitar la valoración de la discapacidad o que han visto cómo se les ha 'caducado' la anterior se les dará prioridad y se les dará citará «a la mayor brevedad posible».

En el caso de las personas mayores que cuentan con un grado reconocido de dependencia y que ahora reclaman una valoración de su discapacidad –son cuestiones distintas– se han establecido 'pasarelas'. Así, a los mayores de 75 años con dependencias de tipo II (severa) o III (pérdida total de la autonomía física) y a todos los que tienen más de 80 años y que previamente tengan algún porcentaje reconocido se les calcula de forma automática un grado de discapacidad. Se hace teniendo en cuenta la edad y la última valoración de la dependencia.

Pero existe un tercer colectivo que lo componen todas aquellas personas que legítimamente piensan que el nuevo criterio del Gobierno central les permitirá disponer de un grado mayor. Una creencia que, como demuestran los datos, no siempre se cumple y 64 de las 928 personas que lo han reclamado han visto cómo se les ha rebajado del 33%, por lo que peligran las ayudas y los descuentos. Ahora, el Departamento de Urtaran trabaja para que «en los próximos meses» se aplique una especie de triaje y, antes de asignarles una cita, una «profesional certificada» del IFBS determinará de forma ágil si se dan las causas para proceder a esa revisión, o no.

El nuevo criterio que estableció el Ministerio de Derechos Sociales bajo el mandato de Ione Belarra pretende ser más certero a la hora de evaluar las necesidades de las personas, pero está siendo «muy complejo» a la hora de su aplicación en todas las comunidades autónomas. Tal es así que en Álava existían hasta ahora tres equipos compuestos por médico, psicóloga, trabajadora social y administrativo de apoyo que realizaban esa labor, y se ha tenido que organizar un cuarto. Esa decisión, según ha defendido desde la tribuna el propio Urtaran, ha servido para frenar la tendencia al alza y ahora se busca reducirla.

Y es que se han complejizado en exceso los procesos de valoración de la discapacidad. El grado que se asigna se consigue tras cruzar cuatro baremos: uno global de la deficiencia de la persona, otro que analiza las limitaciones en la actividad, el siguiente sobre la restricción en la participación del demandante y el último que se dedica a examinar los factores contextuales y las barreras ambientales. Hacía tiempo que las asociaciones de este tipo de colectivos habían pedido un nuevo criterio que se ajustase a los que existen en el resto de la UE, pero a la vista de los resultados que está provocando no han dudado en alzar la voz en señal de protesta.

Consciente del importante perjuicio que causa, el Ministerio que ahora dirige Pablo Bustinduy recientemente ha pedido la colaboración de las comunidades autónomas y de las tres diputaciones forales. La idea es buscar fórmulas para simplificar el proceso sin que eso perjudique el contar con un cálculo más certero sobre la discapacidad de cada uno.