El nuevo criterio para evaluar la discapacidad dispara la espera en Álava a siete meses

Entonces, ¿qué ha pasado para que se haya duplicado este dato? La razón principal es que en abril del año pasado entró en vigor el nuevo baremo impuesto por el Gobierno central para valorar los porcentajes de discapacidad. Un importante cambio de criterio que supone completar cinco cuestionarios, cuatro veces más que anteriormente, y que ha hecho que el IFBS reciba una media de doce solicitudes diarias para pedir una valoración, tres más de lo que previamente era habitual en una jornada.

En las oficinas forales de la calle San Prudencio suman 1.467 expedientes de este tipo desde que arrancó el presente año. Y resulta que un tercio de ese total son peticiones para la revisión del grado. Es decir, personas con una discapacidad reconocida que quieren saber si con la nueva calificación puedan darle una puntuación más alta, lo que en muchos casos les serviría para acceder a más beneficios o ayudas de la administración. Una 'creencia' que en principio no tiene una base lógica, ya que se está observando que en la gran mayoría de ocasiones no existe un gran cambio en el resultado de la evaluación. En la actualidad, en Álava hay algo más de 23.000 personas -incluido el colectivo de mayores- con un 33% de discapacidad o más; es decir, que no pueden realizar ciertas actividades pero pueden desenvolverse en su entorno.

A ese interés por volver a someterse a una evaluación, se suma que los equipos de valoración han tenido que formarse para aprender a manejar esta nueva metodología y que esta tramitación ha aumentado su complejidad. «Es un proceso más largo, tanto en el momento de realizar la valoración como en el procesamiento de los datos para distar la resolución. El mayor exponente de ello es que el anterior baremo se componía de dos cuestionarios y el nuevo lo componen cinco», explican fuentes de la institución foral consultadas por este periódico. Eso ha hecho que el ritmo de trabajo se haya ralentizado de manera brusca y que se esté generando un atasco que es necesario deshacer cuanto antes.

El nuevo criterio que estableció el Ministerio de Derechos Sociales pretende ser más certero a la hora de evaluar las necesidades de las personas, pero está siendo «muy complejo» a la hora de su aplicación. Tal es así que hasta ahora existían tres equipos compuestos por médico, psicóloga, trabajadora social y administrativo de apoyo que realizaban esta labor, y se ha tenido que organizar un cuarto desde el pasado mes de noviembre. Un grupo que ante la falta de espacio en las oficinas del IFBS situadas frente al Teatro Principal se han tenido que instalar en un local en la esquina entre las calles Beato Tomás de Zumárraga y Domingo Beltrán, donde antes estuvieron la extinguida sociedad foral Arabako Lanak y más recientemente, Indesa.

Esta decisión, siempre según los portavoces forales, ha servido para frenar la tendencia al alza en el plazo de valoración que apuntaba que iba a dispararse por encima del año de espera. Una situación que ahora parece controlada.

Aun teniendo unos periodos de espera que sólo mejora Castilla y León, el Departamento de Políticas Sociales que dirige Gorka Urtaran asegura que son «inadimisibles para un territorio como Álava». Por eso, se está analizando la posibilidad de proponer al Ejecutivo central mejoras en la herramienta de valoración y, además, se revisarán los protocolos que utiliza el IFBS en la aplicación del baremo para agilizar los plazos. «Es una situación que nos preocupa. Vamos a iniciar un proceso de reflexión junto a los equipos de valoración del Instituto Foral», recalcan los portavoces autorizados.

Esos datos preocupantes contrastan con el tiempo de respuesta en los casos de dependencia no relacionados con la discapacidad. El plazo medio desde que se presenta la solicitud hasta que se recibe el dictamen de valoración se ha fijado recientemente en 67,28 días. De esta manera, se ha superado la barrera que había fijado la administración foral y que en algunos momentos parecía difícil de alcanzar, ya que hace un año eran 89 días y durante la pandemia se puso por encima de los cuatro meses. Desde que arrancó el presente año, los Servicios Sociales de Álava han recibido 2.381 solicitudes para que se determine su grado de dependencia.