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Son días de aguas revueltas en Ayala. El adecuado mantenimiento de las nuevas depuradoras de Basaurbe y Markijana compromete la viabilidad del Consorcio de Aguas de Ayala-Kantauriko Urkidetza (CAKU) a punto de disolverse. Mientras los ayuntamientos y juntas que están en manos ... del PNV defienden incorporarse a Urbide, el nuevo consorcio creado el pasado año por la Diputación de Álava, en los que EH Bildu tiene más peso, se pide una moratoria y nuevos estudios que avalen que CAKU no puede hacerse cargo de sanear el agua o de girar los recibos. Y el PP, que sí defiende el modelo de gestión única del agua, no ve «transparencia» en el modo en que los peneuvistas lideran este asunto.
El control del agua no es una cuestión baladí y mucho menos en tiempos de cambio climático. Y Álava tiene una manera propia de hacerlo. Sus 349 concejos tienen competencias. No son los dueños del líquido elemento, pero disponen de las llaves de manantiales y acuíferos, potabilizadoras y depuradoras. El Estado, a través de una confederación hidrográfica, les cede el bastón de mando mediante concesiones. Así, mientras en los territorios vecinos cinco consorcios -dos en Bizkaia y tres en Gipuzkoa- manejan el abastecimiento, la potabilización, el alcantarillado y la depuración, aquí hay más de 300 gestores.
El más grande
La Diputación alavesa y la Agencia Vasca del Agua (URA) aseguran que esta atomización dificulta un manejo más eficaz, sostenible y económico del agua y obliga a tener cientos de puntos de vertido no siempre bien controlados. Vitoria, a través de Amvisa, realiza una gestión integral del ciclo, que incluye devolver el agua limpia al Zadorra. También lo hace el Consorcio de Rioja Alavesa y estaba a punto de dar el paso el de Ayala. El resto funciona por libre. Algunos pueblos se asocian para compartir redes de abastecimiento y potabilización, otros se alían para la recogida de residuales o se encargan ellos solos de conectar el alcantarillado con las depuradoras.
El consocio de aguas de Álava, Urbide, se creó en 2019 impulsado por el PNV desde la Diputación con la idea de «ofrecer un servicio profesionalizado» a los pueblos y ayudarles a hacer frente a las cada vez mayores exigencias europeas no sólo para garantizar la salubridad del agua y controlar instalaciones y vertidos, sino también de índole jurídica. La adhesión a Urbide es voluntaria y el partido que lidera el ente foral siempre ha sostenido que los concejos tienen voz y voto en los órganos de gobierno. A día de hoy integran el consorcio de aguas de Álava nueve ayuntamientos y 67 juntas administrativas. Si se consuma la incorporacion de Llodio, Amurrio y Ayala, representará a más de 40.000 alaveses y será el mayor consorcio del territorio por extensión.
Este movimiento en Ayala da alas al modelo de gestión única que propugna el PNV. «El paso que están dando la mayoría de ayuntamientos de la comarca y sus concejos de unirse a Urbide es muy importante y positivo para Álava, para el medio ambiente y para la gestión del agua en general. Desde la pasada legislatura venimos defendiendo la necesidad de ofrecer un servicio de calidad, unificado, con suficiente masa crítica y profesionalidad al mayor número de alaveses», aplaude el diputado foral José Antonio Galera, quien recuerda que la reflexión que ha llevado al CAKU a integrarse es «antigua». «La gestión de grandes infraestructuras requiere de un consorcio que se encuentre con capacidad técnica y legal», defiende. «Creamos Urbide con la confianza en que habrá un gestor con la gran mayoría de Álava adherida. No hemos dejado de trabajar en esa idea porque entendemos que es lo que el territorio necesita y la ley exige».
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EH Bildu, que se disputa con el PNV la gobernanza en Ayala, Asparrena o Zuia, teme que con Urbide primen los «criterios economicistas» en detrimento de la autonomía de las entidades menores. «Nadie puede poner en duda la capacidad que han tenido los entes de dar el servicio, aun con las dificultades», defiende el juntero Javier Argote.
Apuesta por recuperar la agencia alavesa del agua para ayudar a ayuntamientos ante tareas más profesionalizadas y habla de «la 'opa hostil' lanzada desde Urbide contra el resto de consorcios alaveses». «¿Estás conmigo o te quedas sin nada? No creemos que las cosas se estén haciendo bien; hay otras soluciones», dice. «La gestión del agua cuanto más cercana, mejor. Y si está en más manos en lugar de en unas pocas eso garantiza que sea pública y que todo esto no acabe en una privatización».
El PP, que defiende la gestión única, cuestiona cómo es Urbide. «No compartirmos las formas. No tiene una estructura y eso confunde a los ayuntamientos, no se sabe quién hace las obras, qué presupuesto tiene... Nos preocupa que sea otro chiringuito de esos a los que tan acostumbrados nos tiene el PNV», lamenta la portavoz en Juntas Generales, Ana Salazar.
77 ayuntamientos y juntas administrativas integran junto a la Diputación el Consorcio de Aguas de Álava, Urbide, constituido en enero de 2019 en la localidad alavesa de Rivabellosa, Es un servicio público de abastecimiento y saneamiento de aguas del que son titulares los entes locales. No excluye que con el tiempo se integren en él los otros consorcios y Amvisa.
Órganos de gobierno. Asamblea general, órgano legislativo en el que están representados todos los entes locales y la Diputación. Los primeros tienen dos tercios de los votos. Fiscalizan la labor de la junta de gobierno, encargada de los presupuestos, contratos y los proyectos de obra. Está integrada por un presidente (Josean Galera) y un vicepresidente (Pedro Mari Bodega , Rivabellosa), además de un gerente, seis representantes de comisiones territoriales y tres de la Diputación.
En el atomizado mundo de la gestión del agua se ha abierto otro frente en Álava. El consorcio de Rioja Alavesa, al que pertenecen 19 ayuntamientos y juntas administrativas, tiene que adaptar sus estatutos a la legislación. Estudia adscribirse a una administración, disolverse y formar parte de otro consorcio como Urbide, agruparse en hermandad o convertirse en sociedad mercantil. Pues bien, los ayuntamientos de Oion y Labastida se han decantado por esta última fórmula pese a que ambos encargaron estudios técnicos que la rechazan. El Partido Popular y EH Bildu critican lo que consideran una «maniobra»del PNV «nada transparente».
Dani García, concejal del PP en Labastida, asegura que el informe técnico encargado por su Consistorio llegaba a señalar que convertir en sociedad mercantil podría dar lugar a «un fraude de ley». «El informe no es vinculante, pero nos preocupa que el alcalde lo desoiga y nos parece grave que la Diputación lo consienta». Cree que se trata de una estrategia para mantener puestos de trabajo.
En Oion ocurre igual y pese a otro informe desfavorable, el alcalde ha anunciado que votará el miércoles a favor de convertir el consorcio en sociedad mercantil, como critica EH Bildu.
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