Rtve respira

RTVE respira. El Gobierno, también. Las televisiones privadas, más. Pero es una bocanada de oxígeno, porque la financiación de la televisión pública sigue en duda. El Tribunal de Justicia Europeo ha dado una sorpresa al considerar legal la tasa francesa a las empresas de telecomunicaciones para financiar la televisión pública, el modelo de la exvicepresidenta Fernández de la Vega para retirar la publicidad de la televisión estatal.

RTVE confía en una sentencia similar para la tasa del 0,9% de los ingresos a las telecos españolas por sus servicios audiovisuales. Esa aportación junto al 3% de las cadenas privadas en abierto y el 1,5% de los ingresos de las de pago generan más de 215 millones de euros, una cuarta parte del presupuesto de la televisión estatal, a la baja por la crisis y la caída de ingresos tanto de televisiones como de operadores de telecomunicaciones.

Si la sentencia se confirma para España perderán los partidarios de la vuelta de la publicidad a TVE -anunciantes y políticos diferentes, de Montoro al PSOE-, pero el sistema de financiación seguirá siendo inestable y parcial al no afectar a las autonómicas y locales.

RTVE necesita estabilidad, pero también adelgazar y ahorrar dedicándose solo al servicio público, no a competir con programación comercial. A los políticos les da pavor un canon como en otros países, lo que facilitaría una radiotelevisión pública más independiente. Las privadas quieren que se cobre a cada casa con tres tramos para toda la televisión pública: estatal, autonómica y local.

La solución es mixta para diversificar ingresos y evitar el pago directo por los ciudadanos: unificar la financiación de las cadenas públicas, permitir publicidad limitada a ciertas horas y programas (al estilo del actual patrocinio), y mantener tasas sobre el uso de dominio público y el resto de servicios audiovisuales.

Para que funcione la televisión pública debe adelgazar, centrarse en el servicio público, ser de verdad independiente -política y financieramente-, con total transparencia y responsabilidad económica y de servicio público.