Los consumidores piden a Fagor, Eroski y la banca recuperar su dinero en un plazo de 2 a 5 años

Tras la dimisión de Belén Greaves como directora de Kontsumobide, y a la espera de que se nombre a su sustituto, el Parlamento vasco siguió ayer trabajando en la búsqueda de una solución para los 40.000 afectados con sus ahorros atrapados en la deuda perpetua emitida por Eroski y Fagor y comercializada por varios bancos y cajas.

La Comisión de Salud y Consumo escuchó las opiniones de las organizaciones de consumidores de Euskadi UCE y EKE-FCE, que aseguraron que la comercialización de las aportaciones subordinadas fue «engañosa», y pidieron la mediación de Kontsumobide -a cuyo equipo técnico defendieron- para que las cooperativas y las entidades financieras devuelvan el dinero a corto plazo; a más tardar, en un horizonte de 2 a 5 años.

Primero intervinieron Blanca Ibáñez y Dolores Alzaga en representación de la UCE, una asociación que dirige Ana Collía, la predecesora de Greaves en la dirección de Kontsumobide. Según explicaron, la venta de la deuda perpetua fue engañosa porque «se planteó como un depósito a plazo recuperable» cuando la realidad es que cotiza en el mercado por debajo incluso del 40% del nominal.

Aunque atribuyeron la responsabilidad de la mala comercialización a las entidades financieras, recordaron también que muchos ahorradores invirtieron en estos productos por «amor a su tierra», porque venían avalados por «el sentimiento de ayudar a tu país a crecer» que implica la marca Mondragón.

Al margen de este aspecto más emocional, también asignaron una parte de 'culpa' a Eroski y Fagor porque «en los folletos de emisión costaba encontrar la referencia sobre el vencimiento». Además, defendieron que se puede considerar una cláusula abusiva y, por tanto, denunciable en los tribunales, la potestad de las cooperativas de amortizar el producto, solo si a ellas les conviene, a partir de los cinco años. En este sentido, cabe recordar que hoy, en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, arranca el juicio contra Eroski por «publicidad engañosa» promovido -mediante una demanda colectiva- por la asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). Será una vista previa en la que las partes están citadas para exponer sus argumentos.

Ante el alto coste de un proceso judicial -de 1.300 a 2.800 euros, según los cálculos de Kaltetuak-, la UCE aboga por la presión y la mediación para que se devuelva el dinero poniendo una fecha de amortización al producto de 2 a 5 años vista. El representante de EKE-FCE, Jon Ariño, se expresó en términos muy similares al entender que «corresponde a los emisores y comercializadores ganarse la credibilidad que han perdido» con la colocación de la deuda perpetua entre personas sin cultura financiera.

Ambas organizaciones también coincidieron al reivindicar la credibilidad de Kontsumobide como mediador, al margen de que su ya exdirectora, Belén Greaves, se haya vista obligada a dimitir tras ser reprobada en el Parlamento por posicionarse a favor de Eroski y Fagor. «El descrédito es para la persona porque (Greaves) puso en cuestión el papel de amparo del organismo, en el que confiaban los afectados, frente a la parte fuerte. Sería lamentable que eso se extendiera a todo el organismo», señaló Ibañez, de UCE. En la misma línea, Ariño apuntó que «el Instituto de Consumo no es solo la persona que lo dirige sino unos técnicos con los que hemos coincidido en muchas batallas».