Desahucios abusivos

El informe redactado por siete jueces para el Consejo General del Poder Judicial sobre los desahucios es un magnífico alegato contra una gran tragedia colectiva, probablemente la más grave derivada de la crisis. El suicidio, ayer en Granada, de un hombre que iba a ser desalojado de su casa al no poder afrontar una hipoteca resume la envergadura del problema. El informe atribuye la situación a «la ligereza y mala praxis» de los bancos, causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario «sin valorar las posibilidades reales del deudor». Los firmantes proponen, como punto de partida, «extender al cliente sobreendeudado una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado». Del total de las 18 medidas planteadas destacan la concesión de moratorias en casos concretos -enfermedad, paro, accidentes de trabajo...- y muy especialmente la dación en pago como medio de cancelar la deuda, lo que evitaría situaciones kafkianas de familias que, tras perder la vivienda, quedan endeudadas de por vida, lo que les impide rehacerse de la adversidad. En definitiva, del informe se desprende, además de la necesidad de humanizar la legislación, atacar el problema mediante «soluciones excepcionales» que se acomoden a la excepcionalidad de la situación actual.