El fiscal jefe de Euskadi demanda al presidente de La Rioja por dañar su honor

El fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, ha presentado una demanda civil de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen contra el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz y contra el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo, Emilio del Río. Calparsoro considera que una nota informativa emitida el pasado mes de julio por el Gobierno riojano incluye falsedades «muy dañinas» para su honor profesional y le atribuye una «actuación profesional prevaricadora» en su condición de fiscal. El jurista reclama una sentencia condenatoria contra Sanz y Del Río, a los que reclama 10.000 euros en concepto de «daños morales». La causa deberá verse en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, dada la condición de aforados del presidente y del consejero.

Los hechos a los que se refiere la demanda ocurrieron nueve meses después de que Juan Calparsoro cesara como fiscal jefe del Tribunal Superior de La Rioja para ocupar el cargo de fiscal jefe del Tribunal Superior del País Vasco. Fue entonces, en julio de 2011, cuando se hizo pública la Memoria de la Fiscalía riojana correspondiente al año 2010, que contenía determinadas críticas al Ejecutivo de Pedro Sanz. Sobre todo la memoria incidía en la «renuencia» del Gobierno de La Rioja a la hora de facilitar datos en delitos de ordenación territorial, según el titular de un artículo del diario La Rioja del 23 de julio de 2011, incorporado a la demanda.

Aquellas críticas provocaron un comunicado oficial del Gobierno de La Rioja en el que el Ejecutivo defendía que había tenido una actitud de absoluta colaboración con la Fiscalía Superior . Pero la nota incluía un último párrafo que es clave en el litigio. Decía textualmente: «Para el Ejecutivo riojano la memoria de Calparsoro tan solo refleja su frustración por no haber conseguido su objetivo de encausar a algún miembro del Gobierno de La Rioja, puesto que lanza acusaciones genéricas, pero sin mostrar ningún dato concreto y demuestra ser su último servicio al PSOE antes de su nombramiento como Fiscal Superior del País Vasco».

Autores de la Memoria

El escrito de demanda presentado por Juan Calparsoro trata de demostrar la falsedad de las acusaciones de la nota del Gobierno riojano, por una parte, y el daño causado a su honor profesional, por otra.

Explica Calparsoro que, como es habitual, la Memoria de la Fiscalía de 2010 se hace al año siguiente, 2011, y él había dejado de ser fiscal Superior de La Rioja desde el 30 de octubre de 2010. El autor de la Memoria fue el fiscal superior en funciones, Santiago Herraiz España, y el documento incluye también un apartado que es obra del fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de La Rioja, Luis María Fernández Gómez de Segura. Según estos datos, Calparsoro no redactó ni participó en la elaboración de la Memoria que el Gobierno riojano le atribuye en su nota.

Por otra parte, la demanda de Calparsoro también se centra en su pretendida intención de procesar a algún miembro del Gobierno riojano. Asegura el ahora fiscal jefe del País Vasco que durante su etapa al frente de la Fiscalía de La Rioja «no formuló acusación contra ningún miembro del Gobierno de la Comunidad Autónoma», ni tampoco «inició procedimiento legal alguno». Agrega que «todas las denuncias e investigaciones en que ha podido estar implicada alguna persona del Gobierno y el mismo Gobierno han sido archivadas».

Del Río y su chófer

Se detiene en el caso de unas diligencias informativas que el fiscal Calparsoro abrió de oficio en 2010 por un presunto delito contra la Seguridad Vial. La causa arranca de la denuncia de un chófer del Gobierno de La Rioja que atribuyó a Del Río haberle hecho dejar el volante de su vehículo oficial en un viaje a Zaragoza porque no rebasaba el límite de 120 kilómetros por hora. Luego, fue el consejero quien condujo a gran velocidad. Pero el fiscal alega que aquellas diligencias «fueron archivadas por la propia Fiscalía sin interponer denuncia».

El fiscal Calparsoro fundamenta su demanda en la legislación internacional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el artículo 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que «el derecho al honor sólo cede ante la libertad de información cuando es veraz y se refiere a asuntos públicos de interés general». Y, sostiene el demandante, «el requisito de veracidad en la nota de prensa no se aprecia en absoluto».

«Daño innecesario»

Sostiene en cambio que ese comunicado «obedece al único fin de causar un daño innecesario e injustificado en el honor profesional del demandante». Entiende que la nota en cuestión pretende «defenderse de unos comentarios críticos, mediante el ataque injustificado, directo y dañino al demandante, que tras haber permanecido durante más de seis años como Fiscal Superior de La Rioja, ya llevaba casi un año fuera de ese cargo».

Entiende Juan Calparsoro en su demanda contra Sanz y Del Río que acusarle de realizar «un último servicio al PSOE» atenta contra el deber de imparcialidad del fiscal y le atribuye «una actuación profesional prevaricadora y guiada por el ánimo y propósito de servir a un partido político, quebrando por tanto el juramento o promesa que prestó al iniciar su actividad como fiscal».

En esta misma línea la intervención partidista que se le atribuye vulnera también el juramento que realizó «al tomar posesión del cargo de fiscal jefe de sometimiento a la Constitución y y deber profesional de imparcialidad y actuación siempre conforme a la legalidad».