La deriva autoritaria de Hungría preocupa a la UE

Hungría se aleja de la Unión Europea (UE) a gran velocidad al haber emprendido un camino de convulsión política de la mano del actual primer ministro, el conservador Viktor Orban. El país centroeuropeo, que sufre una grave crisis económica y ha tenido que ser rescatado financieramente por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha empezado el año con la entrada en vigor de una nueva Constitución de corte autoritario que, según la oposición de izquierdas y representantes de la sociedad civil, abre la puerta a una dictadura encubierta.

La nueva Carta Magna pone el acento en la xenofobia nacionalista, hace una referencia explícita a la religión cristiana al pedir que «Dios bendiga a los húngaros» y pone trabas a otros cultos. Del mismo modo, consagra el revanchismo respecto a los antiguos dirigentes comunistas e imposibilita el aborto y el matrimonio homosexual. En el ámbito político, reduce el número de diputados y fija una única vuelta electoral, lo que favorece al Fidesz, el partido gubernamental de Orban, en detrimento de las pequeñas formaciones.

La Constitución otorga también el derecho al voto a cualquier ciudadano de origen húngaro que viva en el extranjero, lo que ha levantado ampollas en países soberanos donde reside una importante minoría húngara, como Eslovaquia. Además, los puestos de responsabilidad del aparato de Estado en ámbitos como la economía, la Policía, la justicia, las Fuerzas Armadas y los medios públicos quedan en manos de personas de la máxima confianza de Orban, con mandatos blindados de 9 a 12 años. Desde diciembre, una nueva ley de medios aprobada hace un año por el Parlamento permite ya al Gobierno ejercer un férreo control sobre el trabajo de los periodistas.

En el terreno económico, la Carta Magna fija una tasa única de impuestos sobre el IRPF del 16%, lo que, según la oposición, atará las manos de los futuros gobiernos en materia presupuestaria. Pero lo que ha caldeado los ánimos entre Budapest y Bruselas es la reforma del Banco Central Húngaro, que fue votada la semana pasada. La remodelación, que pone en entredicho la independencia de la institución nacional respecto del Ejecutivo, como plantea la UE, otorga la designación de una mayoría de miembros del Consejo Monetario de la entidad -seis de los nueve- al Parlamento, que está controlado por el partido de Orban, lo que en la práctica impide una modificación de la ley.

Las medidas económicas calificadas de «no ortodoxas» por Bruselas, como las tasas a los bancos, los grupos energéticos y de telecomunicaciones y la nacionalización del sistema privado de pensiones, han hecho caer la divisa húngara, el florín, más de un 20% respecto del euro. La depreciación de la moneda ha provocado el aumento de la deuda pública, que ha escalado hasta el 82,6% del PIB, el nivel más alto desde 1995.

Tras un largo periodo de inacción, la UE ha reaccionado esta vez con rapidez. Después de advertir a los representantes del país magiar de que la nueva Constitución y las leyes polémicas de las últimas semanas podrían incurrir en incompatibilidades con las normas comunitarias, ha decidido paralizar el ingreso de Hungría en el euro y, junto al FMI, podría condicionar la ayuda financiera que necesita Budapest para que la economía siga a flote.

Inquietud en EE UU

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, se dirigió por escrito en dos ocasiones a Orban para alertarle sobre la deriva antidemocrática de su política. Asimismo, según el periódico de mayor tirada del país, 'Nepszabadsag', «EE UU está profundamente inquieto» por la situación política húngara, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, también ha presionado al primer ministro húngaro para que cambie de estrategia.

Unas 100.000 personas salieron a las calles de Budapest el pasado lunes para expresar su descontento por la nueva Carta Magna y la radicalización de la vida política. Mientras, la oposición está en pie de guerra contra Orban. Formaciones como la socialdemócrata MSZP, los ecologistas de izquierda de LMP y el partido DK del ex primer ministro socialista Ferenc Gyurcsany denuncian la «dictadura de Orban» y llaman a su país «Orbanistán». Para el Fidesz, sin embargo, las protestas son una «parodia política».

Según explica el especialista en Europa central Paul Gradvohl en 'Le Monde', «la nueva Constitución reduce el margen de los contrapoderes. El pluralismo en los medios ha sido borrado de un plumazo, y la ley electoral favorece al partido en el poder».

En la misma línea, el diario polaco 'Gazeta Wyborcza' destaca: «La oposición húngara y los expertos occidentales coinciden en que Viktor Orban y su partido Fidesz han logrado imponer leyes que socavan el sistema democrático. Gracias a eso las autoridades han aumentado su control sobre el banco central, los medios, el Tribunal Constitucional y muchas otras instituciones públicas».