Un grave error

La anulación de las listas de Bildu por parte del Tribunal Supremo supone un grave error, y es una muestra de que, en ocasiones, el Estado de derecho es sustituido por un Estado de derechas. Es un error, porque impide que un porcentaje importante de la sociedad vasca pueda votar la opción que más le convence; es un error porque se trata de una decisión tomada por los pelos (nunca una decisión de estas características debería ser adoptada por una mayoría tan exigua); es un error, por las consecuencias previsibles de este fallo (el término encaja como anillo al dedo) que supone una publicidad gratuita, de cara al futuro, para un sector que estaba claramente delimitado por una línea con respecto al conjunto de la sociedad. Hoy, esa línea se ha quebrado, y ha aumentado el número de muchos desencantados que esperan la menor oportunidad para mostrar su enfado con algo que consideran ataca la línea de flotación del sistema democrático. Tengo la impresión de que todo esto va a dar alas en el futuro al mundo de Batasuna.

Cuando un juez estrella, hoy en horas bajas, comenzó a decir que ETA no eran sólo los comandos, sino un conglomerado mucho más amplio, y se empeñó en demostrarlo, acertó de pleno. ETA es poca cosa sin el apoyo social, de la misma forma que la mafia no sería lo que es si no estuviera profundamente anclada en grupos y costumbres sociales que no necesariamente se confunden de lleno con quienes empuñan pistolas y metralletas. Por eso, había que buscar la forma de quitar fuerza a esos apoyos y el Estado de derecho comenzó a cortar por lo sano buscando las connivencias entre los pistoleros y algunos vecinos que nos saludan por la mañana en el autobús. Ahí empezó el final de ETA. Esta lucha entre el Estado de derecho y los dislates cometidos por los sectores del radicalismo abertzale cristalizó en la llamada Ley de Partidos, apoyada por unos, denostada por otros, pero que finalmente recibió el visto bueno de la Unión Europea, con lo que las discusiones se acabaron en ese punto.

Su aplicación impidió, entre otras cosas, que mucha gente pudiera votar la opción que mejor encajaba con sus intereses: el mundo radical se empeñó en sacar un conejo tras otro de su chistera de mago, con distintos nombres, hasta que el Estado dijo que hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué razón, entonces, algo que fue admisible en el pasado, y que ha servido para debilitar de forma extraordinaria a ETA, debe ser visto hoy en día de otro modo? ¿No es acaso Sortu o Bildu lo mismo? ¿No es la enésima marca?

Lo es y no lo es. Lo es porque tras estas marcas se encuentran los mismos protagonistas que se encontraban defendiendo las marcas anteriores. No lo han ocultado. Pero, al mismo tiempo, no lo es, porque han cumplido de forma escrupulosa lo que con insistencia se les había pedido desde todos los ámbitos: la apuesta por vías exclusivamente políticas. Precisamente por eso no lo han ocultado. Lo han dicho, lo han firmado, lo han manifestado de forma clara. Si hace un año nos hubieran dicho que los representantes de ese sector iban a decir lo que han dicho en los últimos meses, no nos lo hubiéramos creído. Desde esta perspectiva, por supuesto que se trata de cosas bien diferentes. No voy a entrar a discutir aquí las razones por las que hayan obrado estos cambios: seguramente se trata de razones múltiples. La sociedad estaba más harta que nunca; la juventud se estaba alejando cada vez más de unos esquemas de funcionamiento poco atractivos y muy anticuados; la policía y los jueces hacían su labor de forma muy eficaz; sus propios protagonistas habrán madurado un poco y se habrán hecho mayores, supongo, etc. Pero no se trata de juzgar si las razones que les han obligado a dar el paso son estas u otras, sino de subrayar que habían cumplido justamente con lo que se les exigía. Lo suficiente como para que Sortu pudiese acabar inscrito como partido. Y más que suficiente para que se aceptaran las listas de Bildu. Poner en cuestión, a estas alturas, la credibilidad democrática de EA o de Alternatiba es un escándalo mayúsculo en un Estado de derecho. Hacerlo con argumentos de tan poco peso («cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA»), muestra la facilidad con la que algunos se ponen el mundo por montera. Esto nos llevará, si el Constitucional no lo remedia, a hacer el ridículo en Europa.

No se puede pretender que todo lo que va en contra del pensamiento único, como este artículo firmado por alguien que mantiene su «sedicente condición de independiente», sea obra de ETA, ni que sea su mero «testaferro». Son palabras de calibre grueso e innecesario que molestarían, estoy seguro, si alguien las aplicase a los magistrados que firman la sentencia, tras escuchar lo que dicen el Partido Popular y el ministro del Interior. No se pueden aplastar los derechos democráticos de los ciudadanos mediante argumentos basados en conjeturas y sospechas sobre su actividad futura, cuando el Estado de derecho dispone de medios suficientes para cortar de raíz cualquier atrevimiento futuro de estas características. Un grave error, que todos pagaremos.