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ANTONIO MONTILLA
Sábado, 9 de abril 2011, 04:42
Mariano Rajoy dijo al final «sí» a las listas electorales que había propuesto Francisco Camps para Valencia, Alicante y Castellón, y en las que se incluyen a diez candidatos implicados en presuntos casos de corrupción y contra la ordenación del territorio. Cuatro de ellos, incluido el presidente de la Generalitat valenciana, ya cuentan con una imputación penal.
El comité nacional electoral, presidido por el exministro Miguel Arias Cañete, dio a primera hora de la noche de ayer el visto bueno a esta propuesta que avala, además de a Camps, a otros tres imputados. El parlamentario autonómico Ricardo Costa, también implicado en el 'caso de los trajes'; el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellve, por la supuesta concesión ilegal de un aparcamiento; y el diputado y alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, imputado por tráfico de influencias por una compraventa de terrenos.
Otros señalados por la Fiscalía Anticorrupción, aunque todavía no están imputados por el juez, son Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García, por la trama valenciana del 'caso Gürtel'. El Ministerio Público ha involucrado, además, a Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi en el 'caso Brugal', que investiga una posible ilegalidad en la concesión del servicio de basuras en Alicante.
El PP valenciano, por tanto, gana con claridad la partida a la dirección nacional que habían reclamado candidaturas «aseadas», con pocos afectados por los múltiples procesos penales que salpican a los populares valencianos.
El PP, con esta decisión, echa tierra encima del código de regeneración política que firmaron hace escasas semanas en la convención de Palma de Mallorca todos los aspirantes autonómicos. También pone contra las cuerdas a otros barones regionales, como el balear José Ramón Bauzá, que se ganó muchas enemistades en sus propias filas al defender, contra viento y marea, su decisión de prohibir que participaran en los comicios aspirantes a alcaldes o parlamentarios con alguna causa penal abierta.
Más allá de la 'crónica judicial', entre las novedades de esta candidatura destaca la inclusión del presidente de la Diputación de Valencia y del partido en la provincia, Alfonso Rus, en la lista de Valencia y la exclusión de la ahora diputada por Alicante Gema Amor. Esta dirigente era una de las últimas referentes de los denominados 'zaplanistas', además de estrecha colaboradora de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante que, de esta manera, ve peligrar también su continuidad en la candidatura municipal alicantina.
Aplazamiento anulado
Lo cierto es el comité electoral nacional había decidido posponer hasta la semana próxima la decisión sobre la lista valenciana, ante la controversia que suscitaban algunos nombres. Pero una vez más, los seguidores de Camps forzaron la máquina y por la tarde enviaron la propuesta cerrada.
El propio Arias Cañete dijo por la mañana, durante el Foro Europeo del PP, que «no tendrían por qué decir 'sí'» a todo lo que propusiera Valencia. Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, recordó que hasta el 18 de abril, fecha en la que se cierra el plazo para presentar candidaturas, podrían producirse contactos para alcanzar un consenso. Los populares valencianos cosecharon ayer un nuevo éxito.
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