«No habrá dinero para sostener la protección social si la dejamos como está»

A quienes la acusan de haber recortado el gasto social en Euskadi al poner de relieve irregularidades en el cobro de varios miles de rentas de garantía de ingresos (RGI) y al endurecer los requisitos de las ayudas de emergencia social (AES), Gemma Zabaleta responde con números en la mano. Afirma que el Gobierno vasco «nunca ha dedicado tanto dinero a los subsidios (388 millones de euros en 2010) ni ha atendido «a tantas personas amenazadas de exclusión (55.000)». «Ahora debemos estudiar por dónde crecen las necesidades para tomar decisiones», anuncia la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, que advierte a los perceptores de las ayudas públicas de que la red de protección social de la que disfrutan sólo es viable si funciona como «un sistema de entrada, pero sobre todo de salida».

Con esa premisa, está decidida a devolver al mercado laboral, a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), a «más de 13.000 personas que perciben la RGI desde hace más de cinco años». Todo el dinero que se dedique a ese objetivo no lo computa como un simple gasto, «sino como una inversión» que repercute también el bienestar de quienes aún conservan su empleo y que es equiparable a la construcción de infraestructuras.

- Su rifirrafe con las diputaciones, a propósito de los beneficiarios de la RGI que no habían renovado su inscripción en el Inem, ¿es un toque de atención, un aviso de que ha llegado Lanbide?

- No era la cuestión de fondo, pero ha venido bien. En diciembre pasado, el paro aumentó en 2.800 personas en Euskadi porque 3.600 se dieron de alta en el Inem. En suma, había 3.600 personas que podían apuntarse. ¿Por qué no cumplieron esa obligación antes? Las diputaciones (que son las que aprueban la renta de garantía) sabían que estábamos trabajando en la verificación de los requisitos para cobrar el subsidio. Y, además, todos estábamos de acuerdo.

-¿Su departamento y las diputaciones no podían haber evitado la alarma de miles de perceptores? En Vizcaya, la institución foral les anunció incluso que se quedarían sin la prestación en vísperas de Navidad.

- Seguro que podíamos haberlo hecho mejor. Hasta que no se cambie la ley (para que Lanbide se ocupe íntegramente de la renta de garantía), las instituciones tenemos que ir de la mano. Y ya lo estamos haciendo, aunque con discreción, sin escenificaciones. Ahora bien: nosotros debíamos ser exigentes con la obligación de figurar en los servicios de empleo para cobrar la RGI. Obviamente porque las leyes están para cumplirse; pero, sobre todo, porque no queremos que una parte de la sociedad esté subsidiada, sino que se forme para trabajar. Ahí reside el mayor déficit de la Ley de Garantía de Ingresos.

- ¿Se refiere al grupo de 17.000 beneficiarios de la prestación que la cobran íntegra, inicialmente durante dos años, porque no tienen ningún ingreso laboral ni de otro tipo?

- Hemos garantizado una red de protección muy alta a los vascos que se queden sin empleo y agoten el paro; la más alta de todo el Estado (hasta 650 o 930 euros mensuales, más la prestación de alquiler, que oscila entre 250 y 320 euros mensuales). Sin embargo, quizá porque hasta ahora no teníamos un servicio de empleo transferido, en Euskadi no se había hecho el mismo esfuerzo para incorporar a los perceptores al mercado laboral. Hay más de 13.000 beneficiarios de la renta de garantía que la cobran desde hace cinco años.

- ¿Y qué va hacer Lanbide?

- De momento, se ha marcado el objetivo de que, cada año, 4.000 personas que cobran la RGI tengan una experiencia laboral.

«Que no crezca sin límite»

- ¿No es cierto es que su departamento simplemente ha endurecido su discurso a medida que la crisis se ha agravado y se han hecho ineludibles las restricciones presupuestarias?

- Repasemos los últimos años. En 1993 teníamos 235.000 parados en Euskadi, un desempleo del 24% o 25%. Y gastábamos el equivalente a 62 millones de euros actuales. En 2010 tenemos 100.000 parados menos y hemos gastado 388 millones, seis veces más. En resumen, no estamos recortando. Nuestras tasas de pobreza son las mejores del Estado y comparables con las de países europeos que dedican más recursos al gasto social en términos de renta per cápita. Ahora bien, el reto es que el sistema no crezca sin límite, que la sociedad vasca lo pueda pagar. Ese debate lo ha abierto el lehendakari al plantear a los partidos qué políticas sociales queremos ofrecer y cómo las vamos a financiar.

- Ésa es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos. En tiempos de crisis económica y fiscal, ¿el País Vasco puede permitirse el colchón protector que forman la renta de garantía y la prestación de vivienda?

- Es posible si ofrecemos una experiencia laboral a tres de cada cuatro personas que estén en el sistema o entren en él y que además sean empleables. Es posible si logramos darles una oportunidad para cuando empecemos a salir de la crisis. Pero si lo dejamos todo como está, el gasto crecerá de tal manera que casi no habrá recursos para sostenerlo.

- ¿Debemos prepararnos para próximos recortes sociales?

- Nos enfrentamos a un ajuste del Estado de bienestar en toda Europa. Pero antes de tomar medidas a la ligera, pensando únicamente en las cifras económicas, es preferible ordenar y reformar. En el Gobierno vasco podíamos haber pensado que, si la RGI incrementaba el gasto, era necesario reducir su cuantía. Es mejor que el sistema sea transparente para saber por dónde crece y dar entonces la respuesta adecuada. Cuando hayamos analizado la vinculación del sistema de protección y el empleo, entonces habrá que tomar decisiones. Y sólo si hay que tomarlas. Dependerá de la salida de la crisis y se tendrán en cuenta en cuenta más factores. ¿Ajustar la cuenta económica? Pero en todo: dimensionamiento de las administraciones, infraestructuras...

- De momento, el Gobierno vasco acaba de decidir que las ayudas de emergencia, que se perciben en situaciones excepcionales, solo llegarán en el futuro a personas con un patrimonio de 8.000 euros.

- La ley es tan amplia que permitía que una persona con familia a su cargo pudiera recibir una ayuda de emergencia incluso teniendo 40.000 euros en el banco, cuatro veces la RGI. Es razonable que, si alguien tiene patrimonio personal, lo consuma hasta un límite antes de apelar al resto de la sociedad antes de que le paguen la luz y el agua.

- Pero las AES se podrán pedir para salir de un apuro desgraciadamente frecuente: el impago de una hipoteca por desempleo.

- Durante un año. Creemos que es tiempo suficiente para resolver una emergencia y para renegociar con el banco.

Ayudas y empleo

- La experiencia de Lanbide para gestionar directamente la RGI en ocho municipios vascos ha desvelado que el 85% de las personas que cobraban el subsidio en esos lugares, y que estaban en edad de trabajar, son empleables.

- Sin embargo, hay beneficiarios que se muestran relativamente poco activos en la búsqueda de empleo. Y así es como cala en la sociedad la idea de que la gente prefiere instalarse en el subsidio. Es lo que tenemos que combatir. Quienes tienen la prestación, excluidas las personas mayores que complementan sus pensiones, deben aparecer en el radar de los servicios de empleo, han de estar disponibles y localizables.

- ¿No siempre ocurre así?

- Los proyectos que se han puesto en marcha para crear empleo, en colaboración con ayuntamientos y empresas, nos están acercando a la realidad. El 30% de las 5.000 personas contratadas por esa vía cobran la RGI. Y vamos descubriendo algunas cosas. En un proyecto de Bilbao hemos comprobado que cuando diriges las ofertas de trabajo a perceptores mayores de 55 años, algunos te dicen que no están disponibles. A eso hay que darle la vuelta. En Alemania, donde vincularon las prestaciones sociales con el empleo, han obtenido extraordinarios resultados con las personas de esa franja de edad.

- Pero habrá individuos con historias personales complicadas.

- Esos no me preocupan. Si Lanbide estima que alguien no es apto para el empleo... Me preocupa el que dice que no le interesa una oportunidad laboral alegando que ya es mayor, que tiene tal o cual problema o niños que atender... Personas que viven de la RGI, pero no se les pasa por la cabeza acudir a un servicio de empleo. En Euskadi, los parados de larga duración ya son el 30% de los 135.000 registrados en el Inem. Aumentan los trabajadores desanimados. Todo eso lo que tenemos que resolver.

- Hoy no es fácil encontrar empleo y bastante fácil perderlo. ¿No se corre el riesgo de convertir a los perceptores de la renta de garantía en sospechosos de fraude desde el momento en que empiezan a cobrar?

- No es nuestra intención estigmatizarlos. Todo lo contrario. Los requisitos también se incumplen en otros ámbitos sociales: becas, viviendas de protección... Y no por ello se 'criminaliza' el sistema. Sin embargo, para defenderlo, no podemos permitir que permanezca bajo la constante percepción de fraude. Tiene que ser transparente y sin que nada se escape por la rendija.