Expulsado de los Comunes por mentir

Elwyn Watkins encarna esta semana la esperanza de negar la lógica. Cuando un Gobierno ejerce en medio de una crisis económica y está tomando medidas impopulares -aumentos de impuestos y tasas, recortes del gasto- lo predecible es que obtenga malos resultados electorales. Pero la coalición conservadora-liberal cree que puede ganar el escaño en Oldham Este y Saddleworth.Watkins es el candidato del Partido Liberaldemócrata y quienes observan la campaña creen que, aunque el primer ministro, David Cameron, visitó el distrito la pasada semana, los conservadores no se están esforzando para ganar. Favorecer al candidato del socio en el Ejecutivo sería un síntoma de la nueva política británica.

Pero esa es una cuestión para el futuro. Lo interesante de esta elección es que Watkins concurre a ella tras lograr algo que no ocurría en exactamente un siglo: que el diputado elegido en las elecciones generales, el laborista Phil Woolas, perdiese el escaño de la Cámara de los Comunes tras la sentencia de un tribunal que falló que había cometido «prácticas ilegales» durante la campaña de mayo.

La última vez que ocurrió algo parecido fue en las elecciones de 1910, en una circunscripción irlandesa antes de lograr su independencia, pero la ley en la que se basó la descalificación de Woolas es la misma en ambos casos. Fue aprobada en 1895 y califica de práctica ilegal «la publicación de cualquier declaración de hecho falsa relacionada con la personalidad o conducta personal de otro candidato».

La historia de la ley ilustra los principios constitucionales de Reino Unido. Como decía el acuerdo entre el rey y el Parlamento, ante una disputa de este tipo, en 1604, «no hay en esta tierra tan alto tribunal que pueda entrar en competencia, por dignidad o autoridad, con este Superior del Parlamento, quien, con el asentimiento real de su majestad, da leyes a otros tribunales pero no recibe de otros ni leyes ni órdenes».

Limpieza electoral

Aunque la soberanía última del Parlamento se mantiene, la Cámara introdujo leyes en el siglo XIX, incorporadas en otras posteriores del XX, para garantizar la limpieza de las elecciones, que dejaron la resolución de casos sobre las prácticas ilegales de la ley de 1895 en manos de un Tribunal de Elecciones, que se forma para fallar sobre estas denuncias con jueces designados aleatoriamente en el Superior de Londres.

Los jueces que vieron al final del año pasado la denuncia de Watkins contra Woolas recordaron en sus sentencias -hubo dos, la segunda en recurso- que sus antecesores se quejaron de la posible pérdida de prestigio que sufriría la Justicia al encomendársele el proceso sobre cuestiones que han sido debatidas acaloradamente en fecha reciente y decididas por los electores. Pero la ley quedó.

En 1910 los jueces dieron la razón al candidato que denunció a Richard Hazleton porque sus agentes electores habían diseminado publicidad en la que se afirmaba que como diputado había utilizado su influencia para conseguir empleos a sus familiares y allegados. Pero Hazleton fue elegido también por otro distrito y, como estaba enfermo, regresó de América, donde se curaba, dos días antes de los comicios. Su honor se salvó, no así el de sus agentes.

El caso actual es distinto. Al fallar el tribunal que había cometido una práctica ilegal al acusar a Watkins de «cortejar el voto extremista» y de «no rechazar el apoyo» de grupos islamistas que formarían parte de un entramado desde el que se habían proferido amenazas de muerte contra él, Woolas, entonces viceministro de inmigración del Gobierno laborista, fue expulsado del Parlamento por la presidencia de la Cámara de los Comunes y suspendido por tres años en el ejercicio de funciones públicas.

La correspondencia por correo electrónico entre sus agentes electorales, desvelada en el tribunal, confirmó que las 'exageraciones' de Woolas sobre su rival liberal respondieron a una estrategia de agitación, dados los pronósticos de un resultado incierto, en busca del voto blanco, en un distrito en el que ha habido tensiones raciales y hay un 9% de electores de origen asiático y un 8,5% de musulmanes.

Imputaciones desechadas

Los tribunales analizaron cinco acusaciones vertidas contra Watkins en la literatura electoral del laborista, que acusó a su rival de no cumplir su promesa de residir en el distrito, de romper el límite de gastos de campaña mediante donaciones de un jeque saudí para el que el liberal ha trabajado como asistente, de apoyar el embargo de armas a Israel pero no a Palestina. Fueron desechadas.

Pero las acusaciones de cortejar el voto extremista y de no rechazar el apoyo de grupos asociados con la violencia fueron certificadas como ilegales en el dictamen que los tribunales emitieron al Parlamento por probarse, en primer lugar, que eran declaraciones de hecho, no opiniones, y que eran falsas, entendiendo como tales también aquellas hechas «de manera negligente», en las que el autor no es capaz de probar que cuando las publicó no sabía que no eran verdad.

Los jueces rechazaron que la libertad de expresión, protegida también por la Convención Europea de Derechos Humanos, «da derecho a ser deshonesto o decir mentiras» y tuvieron que concentrarse en discernir si lo que había publicado Woolas afectaba, como exige la ley de 1895, «a la conducta personal del otro candidato». Tuvieron que decidir si atañía a la conducta política -que ha de ser decidida por el electorado- o a la personal, sobre la que el electorado no tiene información suficiente para decidir.

Los tribunales fallaron que acusar a Watkins de cortejar el voto de extremistas puede interpretarse como un ataque a su conducta política pero añadir que «no eran simplemente extremistas sino gente que abogaba extrema violencia» era «acusarle de aprobar amenazas de violencia» y «eso va contra su personalidad individual». Woolas ganó por 103 votos. Su rival de entonces quiere ahora el escaño.