La compra de mascarillas motivó que Bengoa destituyera a un director de Sanidad

La compra de 60 millones de mascarillas y 25 millones de pares de guantes de látex para hacer frente a la cuestionada gripe A llevó al consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, a cesar a su director de Régimen Jurídico, Económico y de Servicios Generales, Fernando Toña. La adquisición supuso un desembolso superior a los 4,1 millones de euros. La imposibilidad de dar uso a los 47 millones de tapabocas excedentes ha llevado ahora al Gobierno vasco a convocar una subasta. Y es que almacenarlos tiene un coste de 8.100 euros sin IVA mensuales. Este es el precio del alquiler del pabellón industrial donde se guardan.

Los días 29 y 30 de abril de 2009, cuando apenas faltaba una semana para la toma de posesión del Gabinete de Patxi López, los todavía gobernantes en funciones del PNV autorizaron el millonario gasto y ordenaron la compra por un procedimiento administrativo de emergencia (sin licitación pública), previsto exclusivamente para situaciones de catástrofe. El primer envío -30.000 mascarillas- por parte de la empresa Dispotex llega el mismo 30 de abril. La siguiente entrega es en julio y se suceden hasta diciembre, hasta sumar 50 camiones de gran tonelaje.

¿Por qué el nuevo Gobierno no anuló la compra si consideraba disparatada la cifra de 60 millones de mascarillas? «Porque era legal», se limitó a responder ayer un portavoz autorizado de Rafael Bengoa. Con 'legal' quiere decir que había un contrato firmado. Varios medios consultados por este diario indicaron que el nuevo consejero de Sanidad se vio forzado por un contrato «a convalidar un pago» comprometido por su predecesor, el nacionalista Gabriel Inclán. En este punto, Bengoa reprochó a Fernando Toña que no le hubiera informado de las características del contrato.

Esta circunstancia y varios fichajes de personal, entre ellos el de Alfonso Arriola, imputado en el 'caso De Miguel' como técnico del departamento, llevó al consejero a cesar en mayo pasado a su director de Régimen Jurídico, quien había ostentado un alto cargo en el Gobierno de Ibarretxe.

El anuncio de una subasta para deshacerse de 47 millones de mascarillas va a traer cola. La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, calificó de «desmedida» la decisión del anterior Ejecutivo de adquirir 60 millones de mascarillas en vísperas de producirse el relevo en Lakua. En esta misma línea, los nuevos responsables de Sanidad, arremetieron contra los anteriores. A través de un comunicado, señalaron que la contratación por el procedimiento de emergencia «carece de justificación». Añadieron que en el expediente de esta compra «no figura análisis alguno, ni de las disponibilidades de mascarillas y guantes en Osakidetza, ni un cálculo de las partidas que eran necesarias comprar».

PNV y PP piden información

La reacción de los principales grupos parlamentarios también fue inminente. El PNV reclamó la comparecencia de Bengoa, a quien acusó de impulsar «una política de difamación» contra los anteriores responsables nacionalistas «con el único objetivo de tapar sus errores». La diputada jeltzale Nerea Antia reprochó al consejero que no haya dado utilidad a las mascarillas «desde que finalizó el riesgo de pandemia» y le responsabilizó de la decisión de pagar un alquiler millonaria por su almacenaje. Además, le recriminó por haber adquirido vacunas contra la gripe A, de las cuales alrededor de 250.000 han sido destruidas.

El PP, partido que apoya al primer Ejecutivo vasco no nacionalista, también quiere que Rafael Bengoa ofrezca explicaciones. La portavoz popular en temas sanitarios, Laura Garrido, pretende que el consejero ofrezca detalles sobre la «precipitada» compra de material, así como en relación con el procedimiento «excepcional» que se adoptó. «Por un mero ejercicio de transparencia, creemos que el consejero debe explicar los detalles en el Parlamento».