Garantizar la atención

Cuando el Gobierno vasco decidió reorganizar, a partir de mediados de junio pasado, los servicios de Atención Primaria en fin de semana resultaba evidente que la operación no se llevaría a cabo de modo adecuado si no contaba con la colaboración de los usuarios y de los trabajadores afectados. Los cuatros meses transcurridos desde que se resolvió cerrar la mitad de los centros de salud en sábado y domingo constituyen todavía un periodo demasiado breve para extraer conclusiones en el capítulo de los pacientes, que afrontan la medida de ajuste seguramente con incomodidad pero sin insatisfacción relevante. No ocurre lo mismo entre los profesionales sanitarios que trabajan en los Puntos de Atención Continuada (PAC); críticos desde un principio con la nueva situación, ya han traducido su malestar en la convocatoria de doce jornadas de huelga para noviembre y diciembre. La responsabilidad exigible tanto a Osakidetza como a los trabajadores de los ambulatorios, y el principal interés en juego -la adecuada atención a los ciudadanos-, imponen profundizar en los cauces de diálogo. El Servicio Vasco de Salud defendió en su momento la necesidad de racionalizar las urgencias extrahospitalarias en una etapa de restricción presupuestaria; una situación que no le permite desentenderse de las repercusiones que la alteración de turnos o retribuciones ocasiona a los trabajadores. Los profesionales sanitarios, a su vez, pueden esgrimir un amplio apoyo interno a la decisión de movilizarse por el empeoramiento que aprecian en sus condiciones laborales, aunque no deben minusvalorar el riesgo de aparecer demasiado ensimismados ante una ciudadanía que comparte con ellos la enorme preocupación que suscitan medidas como la de no autorizar sustituciones inferiores a seis meses. Tanto Osakidetza como los trabajadores y sus representantes sindicales han de valorar, además, el efecto de las previstas jornadas de huelga en los servicios de Urgencias de los hospitales.