El Gobierno vasco denuncia la compra irregular por Zubiaurre de un terreno en Santurtzi

El Gobierno vasco ha presentado una segunda denuncia que tiene como principal protagonista al ex director general de la sociedad pública Sprilur, Antton Zubiaurre, imputado ya como presunto autor de un espionaje informático en el grupo Spri y a quien se situaría ahora como supuesto responsable de una compra de terrenos que, de momento, es considerada como «irregular» por los denunciantes. El Departamento de Industria trasladó sus sospechas a la Ertzaintza y el asunto ha acabado en manos de un juzgado de Bilbao, quien deberá determinar si un terreno adquirido por Zubiaurre en 2007 en el municipio de Santurtzi se pagó a un «precio desorbitado» y por qué una parte del importe del mismo fue abonado con un «talón al portador», por lo que el destinatario no figura en la contabilidad de la sociedad.

La denuncia, presentada hace un mes, es producto de una investigación interna ordenada por el consejero de Industria, Bernabé Unda, a raíz del descubrimiento de una operación de espionaje informático en ordenadores de los directivos de Spri y Sprilur, dos de las sociedades que dependen de su departamento. El trabajo, encargado a los máximos responsables del grupo, pretendía analizar la gestión que había realizado Antton Zubiaurre al frente de Sprilur, la sociedad encargada de la promoción de suelo industrial.

Al parecer, Zubiaurre -fichado por Juan José Ibarretxe en 2002 para hacerse cargo de esta sociedad, que abandonó a mediados de 2008 «por problemas de salud», según la explicación oficial que se dio entonces- tuvo siempre el máximo poder ejecutivo en Sprilur y «tan sólo informaba» al consejo de Administración, según ha indicado a EL CORREO un ex alto cargo de Industria con el PNV.

El trabajo ha discurrido de forma paralela a la investigación de la Ertzaintza, centrada en desentrañar cómo accedía supuestamente el inculpado a los ordenadores de los directivos de Spri a través de Internet, hasta el punto de controlar el correo electrónico de los actuales responsables de la empresa. Unas pesquisas de las que el Ejecutivo no conoce aún los detalles, ya que, pese a haberse levantado el secreto del sumario, todavía no ha sido autorizado por la juez a personarse como parte interesada.

Cinco veces más

La operación denunciada ahora es la compra de 100.000 metros cuadrados de terreno con la calificación de 'rústico' en Santurtzi, en una zona situada en las faldas del monte Serantes y en las inmediaciones de un área residencial conocida como 'La Pólvora'. La justificación dada en su día para adquirir este solar era la construcción de un polígono industrial -para lo que sería necesario abordar antes un proceso de recalificación, que aún no se ha realizado-, aunque los actuales responsables de Spri han detectado algunos indicios «sospechosos».

Al parecer, Sprilur pagó al propietario del terreno, J. A.B., un vecino de Abanto cuyo caserío está en las inmediaciones del solar, un precio que los expertos de la empresa pública creen «desorbitado» -33,6 euros por metro cuadrado- y que supone, según apuntan, cinco veces más del que se ha abonado en transacciones similares realizadas en la zona. La compra, argumentan los denunciantes, no estaría sustentada por «un precio de mercado» sino por una valoración difícil de justificar. Más aún cuando, añaden, el terreno tiene una pendiente muy pronunciada que obligará a un intenso trabajo de excavación y encarecerá de forma considerable los gastos de urbanización.

Pero no es la única irregularidad asociada a esta compraventa. Sprilur pagó el importe de la adquisición -en torno a 3,36 millones de euros- con dos talones bancarios. El primero, extendido a nombre del titular del terreno, y el segundo, el que ha encendido todas las alarmas, por la nada despreciable cifra de 336.000 euros -el 10% del importe total de la transacción-, «en un cheque al portador». Así las cosas, la contabilidad del grupo público Spri no refleja quién fue el receptor de ese cheque, cuyo destino se quiere esclarecer ahora con la investigación judicial.

«No es normal que una empresa pública pague con un talón al portador semejantes cantidades», han indicado fuentes conocedoras del procedimiento que se sigue en la Administración vasca para este tipo de operaciones.