Un informe foral subraya que De Miguel nunca debió ser diputado

Incompatible. El ex responsable foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, el peneuvista Alfredo de Miguel, ahora imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, nunca debió ser investido diputado. Así lo certifica un reciente informe elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación. El documento, de nueve páginas y al que ha tenido acceso EL CORREO, confirma que ocupaba cargos en empresas privadas que le impedían por ley desempeñar sus funciones en el Ejecutivo alavés. Ya el 31 de marzo, apenas dos semanas después de consumarse la detención de De Miguel, el diputado general, Xabier Agirre, admitió en las Juntas Generales que era «probable» que se hubiera producido esta irregularidad.

Ahora, la probabilidad se ha convertido en certeza. Las dudas se centran en Landaburu Etxea S.L., la empresa creada en abril de 2006 por el entonces secretario general del Araba buru batzar (ABB) para comprar la nueva sede del partido en la Virgen Blanca -era propietario del 95% de las acciones-. La adquisición se cerró el 16 de octubre de ese mismo año por 3,4 millones de euros, un precio sensiblemente inferior de lo que por aquel entonces se pedía por el edificio de la familia Hueto - los expertos hablaban de seis-. El cometido de Landaburu Etxea era, precisamente, servir de 'tapadera' al partido para evitar que el PNV fuera de frente y que la operación de compra se disparase.

A mediados de 2007, cuando De Miguel fue investido por Agirre, el ex diputado foral no incluyó en su declaración de actividades su vinculación a Landaburu Etxea. Un hecho que le sirvió para que la Secretaría General de la Diputación elevara el 14 de enero de 2008 un informe al diputado general en el que aseguraba que todos los cargos propuestos eran compatibles. Meses más tarde y con motivo de un cambio normativo, los diputados se vieron obligados a volver a presentar otra declaración de actividades amén de una de bienes -la primera es pública y la segunda, no-.

Alfredo de Miguel la presentó el 8 de agosto. Como ahora ha quedado constatado, hubo novedades de calado que nadie se encargó de corroborar, ni la Secretaría General ni el propio diputado general, que a finales de marzo reconoció en la Cámara territorial que no se había preocupado «de mirarlo». La principal diferencia, recalca el escrito jurídico, era que el ex diputado aseguró ser «administrador» de Landaburu Etxea desde el 10 de abril de 2006. Todo ello, sobre todo este último apunte, lleva al jefe del servicio de asesoría jurídica de la Diputación a concluir que De Miguel «debería haber sido declarado incompatible de acuerdo con la norma foral 52/1992 y la Ley 5/2006».

Sólo un poder general

Pese a la contundencia del informe, son muchos los interrogantes. Para el diputado general, no hubo mala intención por parte del ex diputado puesto que de haber existido mala fe, argumentó, no hubiera incluido su participación en Landaburu Etxea en la segunda declaración de actividades. Sin embargo, ni Agirre ni ninguno de los 14 junteros del PNV hizo referencia a la situación contractual de Alfredo de Miguel en Landaburu Etxea, sino que se limitaron a señalar a la Secretaría General.

¿Desconocimiento? ¿Desinterés? Lo cierto es que el ahora imputado en la presunta trama de corrupción que ha salpicado al PNV (principalmente alavés) dejó de ser administrador único de Landaburu Etxea el 29 de diciembre de 2006, como consta en la documentación suscrita ante notario desvelada por EL CORREO el pasado día 2. De Miguel vendió todas sus acciones al PNV, dejando paso al presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, quien quedó desde ese momento como administrador único.

El 30 de marzo de 2007 Alfredo de Miguel, por aquel entonces secretario general del ABB, sí recibió «un poder general» para prestar su firma o tomar decisiones en lugar de Gerenabarrena. Un hecho que obvió en su declaración de 2007, pero que sí incorporó a la de 2008. Eso sí, en lugar de este poder general dijo que era «administrador» (sic). ¿Por qué? Fuentes próximas al ex diputado esgrimen como justificación la «ausencia de mala fe», argumento que también empleó el diputado general, ya que si los servicios jurídicos hubieran advertido esa incompatibilidad, señalan, De Miguel podría haber renunciado al poder general en Landaburu Etxea. Sea como sea, su imputación ha hecho que pierda ese poder, ya que el ABB se lo quitó el pasado marzo.