Busquet subraya que las contrataciones «no son ilegales»

El actual candidato del PNV a la alcaldía de Basauri, Andoni Busquet, restó importancia a que la empresa que dirige, Alaiki SL, recibiese adjudicaciones directas por parte del equipo de gobierno que encabezaba Rafa Ibargüen durante la época en que él se encontraba al frente de la junta local del partido jeltzale, entre los años 2000 y 2003. Buena parte de esos contratos, que se nutrieron hasta 2007 de diversas áreas municipales, fueron aprobados por el departamento del edil de Juventud, Urtzi Arriaga, que en 2010 formó una nueva sociedad con el propio Busquet. En declaraciones a este periódico, el responsable jeltzale subrayó que «no existe ningún tipo de ilegalidad» en las contrataciones de su compañía en Basauri, recordó que no ostentaba «ningún cargo público» en el momento de las adjudicaciones y atribuyó a «intereses electorales» la aparición de documentos en plena precampaña.

Portavoces del PNV explicaron que en 2007, cuando el gobierno pasó a manos socialistas, el Consistorio encargó una auditoría externa para fiscalizar la gestión de la última legislatura. Este informe, recalcan, «no destapó ninguna irregularidad». El Tribunal Vasco de Cuentas también puso sus ojos sobre Basauri y en su informe de 2007 «tampoco encontró nada». «Han estado buscando lo que no han podido encontrar y ahora sacan esto a la luz pública», denuncian.

Busquet asegura que la «inmensa mayoría» de la facturación de su empresa en Basauri proviene de concursos públicos y puntualiza que todas las adjudicaciones recibieron el «visto bueno» del secretario interventor del municipio. Del mismo modo, argumenta que los servicios requeridos a Alaiki por el área que dirigía Arriaga suponen una «ínfima» parte de los convenios suscritos con el Ayuntamiento. Apunta que otra de las concejalías que solicitaba sus servicios estaba encabezada por Koldo Meso, responsable de Cultura, «con el que jamás tuve relación profesional». Y en su defensa recuerda que las resoluciones que dan luz verde a las adjudicaciones «no son potestad» de los concejales, que sólo proponen, sino del alcalde.

En 2004, por ejemplo, recalca que el porcentaje de los convenios firmados con su empresa directos y por concurso público representaba «sólo el 1,9% del presupuesto total del área de Cultura». En 2005, añade, «se redujo hasta el 0,98%» y al año siguiente se situó «en un 1,4%». Alaiki, explicó, es una compañía «con más de 110 empleados estables» la «segunda de nuestro mercado» en el sector de la gestión cultural que trabaja en numerosos municipios vizcaínos de diverso signo político. Para reforzar sus argumentos, detalla que los servicios prestados en Barakaldo (PSE) en 2005 representaron un 7,18% de la facturación global de la firma. En 2004 esta proporción era del «8,7%» y en 2006 se situó «en el 6,26%».

«Ataque a la vida privada»

Sobre la creación de Events, que entró en el registro mercantil en junio de 2010, tres años después de que Urtzi Arriaga dejase el Ayuntamiento, recalca que tampoco entonces ninguno de los socios ostentaba cargo público alguno. «¿Acaso las personas con ideología no tienen derecho a entablar relaciones profesionales?», se pregunta Busquet, mientras alega que vive de los ingresos que le genera su empresa «desde hace mucho tiempo». «Todo esto nos parece un ataque a la vida privada del candidato. Una caza de brujas a las puertas de una campaña electoral», censuran los portavoces consultados en la formación jeltzale.