Guerra entre la televisión y el cine

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde subrayó ayer su «confianza» en la «plena constitucionalidad» de la medida que obliga a las cadenas de televisión a invertir el 5% de sus ingresos en cine tras la cuestión de inconstitucionalidad que planteará el Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional.

«Las televisiones tienen una obligación de servicio público, de difusión de la cultura y de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, y de ahí que exista una medida como el 5%», detalló la ministra ayer. «El cine es una forma de expresión artística y también una industria cultural que es prioritaria en la estrategia de cualquier país porque genera imagen exterior, identidad y tiene un gran retorno para la sociedad», alegó la responsable de Cultura, que precisó cómo su Ministerio «seguirá apoyando las medidas de fomento de la cinematografía».

La decisión del Supremo de cuestionar ante el Constitucional la obligatoriedad de estas ayudas viene a atender el recurso presentado por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). Su presidente, Alejandro Echevarría, manifestó ayer que la ley de 2004 que les obliga a invertir un 5% de sus ingresos en cine español y europeo es «una imposición injusta y abusiva» y se mostró confiado en que el Constitucional finalmente eche atrás la norma, algo que a su juicio sería «una derrota en toda línea para aquellos que han hecho de esta materia un negocio particular».

Llenarse los bolsillos

Echevarría afirmó que, quienes se ven favorecidos por la ley, «lo único que quieren es llenarse sus bolsillos particulares sin importarles ni el cine español, ni su éxito, ni siquiera que las películas se estrenen o no». En su opinión, lo que el cine español «necesita» no son fondos por la vía de la imposición, sino «cambiar el producto que hace para tener la aceptación mayoritaria del público».

Por contra, el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Pedro Pérez, advirtió de que «en España no se puede hacer cine sin las televisiones. Sería el único país del mundo que lo haría». Por eso, está «plenamente convencido de la constitucionalidad» de la ley y manifestó su sorpresa por que se dé por hecho el dictamen contrario del Constitucional. «El Supremo ha elevado una consulta, exactamente igual que la elevó al Tribunal de Luxemburgo y éste se pronunció con contundencia reafirmando la legalidad de la normativa española», recordó.

Respecto a la afirmación de que la ley restringe la libertad empresarial garantizada por la Constitución, Pérez puntualiza que «las televisiones privadas españolas son objeto de una concesión gratuita que les habilita como las únicas que pueden facturar publicidad».