La Diputación dice que «hay vías intermedias» al posible derribo de los chalés de Barrika

La Diputación y el Ayuntamiento de Barrika han restado trascendencia a la sentencia del Tribunal Supremo que declara «ilegal» una urbanización de trece chalés de lujo en unos terrenos situados junto a los acantilados de Muriola, calificados de especial protección paisajística. Ambas administraciones han optado por la cautela y juzgan que, antes de proceder al posible derribo de las viviendas, caben «vías intermedias» -que ninguna de las instituciones concretó ayer- de cara a la resolución de un conflicto que podría acarrearles, no obstante, el pago de indemnizaciones multimillonarias para satisfacer a los afectados.

La resolución del Supremo, que sienta jurisprudencia y es firme, supone un varapalo a los intereses forales y municipales tras dar luz verde a la recalificación ilegal de una zona de alto valor medioambiental. Los planes iniciales del Ayuntamiento de Barrika, gobernado por el PNV, contemplaban la construcción de 85 chalés de lujo y doce pisos de protección oficial en una superficie de 19 hectáreas. El Supremo desestima el recurso de casación interpuesto tanto por la Diputación y el Consistorio costero como por dos mercantiles -Abandona Muriola e Inversiones Muriola- contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló dos órdenes forales que cambiaban la calificación del suelo a urbanizable, declaradas de protección paisajística por el Gobierno vasco en 1987.

Pese al fallo judicial, portavoces de la Diputación señalaron ayer que ni el Plan Territorial Parcial (PTP) ni el Plan Sectorial de Costas contemplan «una protección especial» para la zona donde se levantaron las casas. No obstante, las mismas fuentes advirtieron de que la Administración foral se «limita» a aprobar los planes generales y normas subsidiarias que le presentan los municipios, por lo que «si alguien tiene algo que decir, ése es el Ayuntamiento», subrayaron.

En la misma línea se manifestó el alcalde de Barrika, Juanjo Ezpeleta. Afirmó que la sentencia no contempla la ejecución de derribos ni el pago de compensaciones a los dueños de las viviendas e incluso destacó que «deja abierta la posibilidad de urbanizar» la zona. «Las cosas se harán como marca la jurisprudencia», especificó.

«Un nuevo Argoños»

Sin embargo, el apoderado del PP en las Juntas Generales, Arturo Aldecoa, tildó de «lamentable» el papel de la Diputación por permitir que Barrika cuente ya «con un nuevo 'caso Argoños'». Aldecoa considera que la institución foral debería haber «velado por racionalizar los proyectos y conseguir que el normal desarrollo del municipio no se empantanara donde queda ahora; en la pura ilegalidad», denunció.