Piden 12 años de cárcel para el ex marido de Marisa Villaquirán

64 personas serán llamadas a declarar a partir de hoy ante los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Burgos encargados de juzgar las circunstancias que rodearon la desaparición de Marisa Villaquirán Medina, hace ya más de 4 años. Concretamente, el próximo 7 de febrero se cumplirán 49 meses sin noticias de esta mujer y, para entonces, ya habrán concluido las 7 sesiones de que dispondrá la vista oral. La última, el día 5 del próximo mes.

Pero hasta ese momento, en la sede judicial se escucharán los testimonios de las 7 personas que están procesadas en el caso, 10 peritos y 47 testigos, entre los que se incluyen varios miembros de la familia más próxima de esta mirandesa, madre de cuatro hijos, y que contaba con 39 años la última vez que se la vio.

Serán los procesados que figuran en el sumario los primeros en declarar. Lo harán entre hoy y mañana para responder a unos cargos y a unas acusaciones que varían en cada caso. Las más graves, las que se achacan al ex marido de la víctima, Rafael Gabarri, al que se le imputan delitos «por los artículos 153 y 173.2 del Código Penal, vinculados al maltrato en el ámbito doméstico y los 166 y 163, por detención ilegal», relata el abogado de la familia, Jesús Alegre.

Por el último de estos cargos citados también deberá responder I.D.J., el conductor del vehículo que acompañaba a Gabarri en el momento en el que Marisa, según varios testigos presenciales, fue introducida de forma violenta en un coche a escasos metros del portal donde limpiaba, en la calle Francisco Cantera.

Allí se le perdió el rastro el 7 de diciembre de 2004 y nada se ha vuelto a saber de su paradero, aunque tanto su ex marido como la persona que le acompañaba ese día han declarado en numerosas ocasiones que la trasladaron hasta San Juan del Monte y que después la dejaron en libertad. Aspecto que no han logrado demostrar.

Del cargo de encubrimiento deberán responder otros cuatro de los procesados en el caso. Se trata de un primo de Rafael Gabarri, de iniciales L.G.M. y de otras tres personas más: A.S., R.Ch. y S.Ch. Por último, será la madre del ex marido de Marisa, J.J.H., quien deba responder al delito de usurpación del estado civil recogido en el artículo 401 del Código Penal; o lo que es lo mismo, por hacerse pasar por otra persona. Y es que los investigadores del caso pudieron constatar que ella fue la que envió mensajes de texto por móvil a la hija de la desaparecida en los que se hacía pasar por Villaquirán y dejaba entrever que se encontraba viva, según desveló en su momento la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

Una vez que se hayan escuchado los relatos de todos los procesados llegará el turno de los testigo; de los 47 incluidos en el caso. Entre ellos se encuentran miembros de la familia de la desaparecida. Su madre y dos de sus hijos, los mayores de edad, tendrán que testificar el miércoles. Los últimos en acudir a la sala de la Audiencia Provincial de Burgos serán los diez peritos que han participado en algún momento en la investigación de los hechos.

4.000 folios

Hasta llegar al día de hoy, fecha en la que se abre el juicio por la desaparición de Marisa Villaquirán Medina, han transcurrido más de 4 años y se ha generado un expediente que ronda los 4.000 folios. Y es que la instrucción, esa fase del procedimiento penal encaminada a la averiguación del delito y de las personas responsables, ha sido larga. Pero es que, «no es lo mismo un robo con fuerza en un bar que la desaparición de una persona. Se han practicado una gran cantidad de diligencias».

El abogado de la acusación particular no duda de que el tiempo dedicado a la investigación ha merecido la pena porque se trata de «un caso muy bien instruido». De hecho, se muestra optimista y está convencido de que en el juicio se acabará demostrando la culpabilidad de los procesados. «Entiendo que la acusación lo tiene bien. Hay datos trascendentes y testigos objetivos que han visto cómo a Marisa se la saca de donde estaba trabajando y se la introduce en un coche para llevarla a San Juan del Monte. Eso está reconocido por todos». A partir de ahí, serán quienes se la llevaron los que tengan que acreditar durante la vista que «no han hecho nada y que la soltaron. Porque que se la llevaron a la fuerza está acreditadísimo», apostilla Alegre.

Un delito, el de detención ilegal, por el que la acusación particular pedirá para cada uno de los dos implicados, Rafael Gabarri y I.D. J., penas de prisión de 12 años. Para L.G.M, A.S., R.Ch. y S.Ch., por encubrimiento, se va a solicitar una condena de 3 años de cárcel, mientras que para la madre del principal encausado se solicitan 2 años por haber tratado de hacerse pasar por la víctima. «Pedimos lo máximo que se puede».

A esto se suma la solicitud de «otras penas accesorias» como la privación de tenencia y porte de armas, y la prohibición de acercarse y comunicarse con la familia de Marisa Villaquirán por un plazo de 10 años. También se va a plantear una responsabilidad civil. La progenitora y los descendientes de la desaparecida merecen una compensación. «Solicitamos 100.000 euros por cada uno de los hijos y 50.000 para la madre».

Si la acusación particular logra el resultado esperado se sabrá «aproximadamente un mes después» de concluidas las sesiones orales. Es decir, alrededor de mediados del mes de marzo. Se estima para entonces el momento en el que se podría emitir la sentencia; aunque «depende de la sala».

Esa decisión judicial no tiene por qué ser el final del caso. De hecho, el letrado de la familia cree que el tema dará mucho más de sí. «Tengo claro que la sentencia no va a ser firme y acabaremos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mucho me extrañaría que ningún abogado de la defensa recurriera», avanzó. De cumplirse esta previsión, podrían pasar «6 ó 7 años más» hasta que se resolviera el recurso.