La estrategia Leizaran

A la misma hora que Román Sudupe, entonces diputado de Obras Públicas de Guipúzcoa, anunciaba el 22 de abril de 1992 el acuerdo que daba luz verde a la autovía de Leizaran, Herri Batasuna abría de par en par su sede central a los medios gráficos para dejar constancia con copas de champán que sus dirigentes también lo celebraban porque habían logrado modificar el trazado. Su asfixiante presión política en la calle, los sabotajes de los 'grupos Y' -se empezaron a llamar así desde entonces- y los atentados y las amenazas de ETA contra las empresas constructoras habían obligado a las instituciones a dar marcha atrás en sus pretensiones iniciales y a diseñar un plano alternativo que el mundo radical consideró como un triunfo histórico. La denominada solución San Lorenzo para la nueva carretera entre Navarra y Guipúzcoa ponía fin a una campaña despiadada de la banda terrorista que se saldó con tres personas asesinadas y una veintena de atentados.

No es difícil establecer paralelismos entre la línea de acción trazada por los violentos en aquellos convulsos años y la que han dibujado ahora para intentar frenar la 'Y' ferroviaria vasca, otro proyecto de considerable envergadura. El telón de fondo es similar -tratar de recuperar espacio social con un asunto sensible revestido de reivindicaciones ecologistas y supuestas imposiciones- y los métodos, idénticos. Sólo faltaban los disparos, es decir, la bendición etarra al 'trabajo' callejero y los cócteles molotov, y ésta ya ha llegado con el asesinato de Inaxio Uria Mendizabal en Azpeitia. Como ya hiciera a finales de los 80 con el trazado de Leizaran, la organización armada ha extendido su sombra y ha apretado el gatillo contra un empresario para hacer llegar su mensaje intimidatorio al resto. Ayer tiroteó a Uria. Entonces, a José Edmundo Casal, delegado de Ferrovial en Valencia.

El primer plano de la autovía de Navarra vio la luz en 1985 y, pocos meses después, surgió la coordinadora opositora Lurraldea, liderada por Jonan Fernández. Durante meses la plataforma defendió que el impacto medioambiental de la infraestructura podía ser irreversible. Su defensa 'verde' caló en poco tiempo y HB se subió sin dudarlo a un carro que podía reconciliarle con sectores internos que se habían alejado de las siglas. El pulso a las instituciones era abierto y los violentos no podían dejar pasar esa oportunidad. Las obras fueron adjudicadas a la sociedad Utelan, integrada por las empresas Moyua, Altuna y Uria -constructora de la víctima de Azpeitia-, Sobrino, Suquía y Asfaltos de Campezo. En noviembre de 1990 ETA les envió una carta en la que les declaraba objetivos prioritarios por no parar los trabajos. Más tarde recibieron la visita de dirigentes de Herri Batasuna, quienes les 'recomendaron' que pararan el proyecto.

Como ocurre con la 'Y' vasca, la estrategia de acoso contra la carretera Irurzun-Andoain se planificó hasta el último detalle. El frente político y social correspondió a Lurraldea y a HB -Jonan Fernández se presentaría a las elecciones municipales de 1987 en Tolosa con la coalición abertzale-. La parcela violenta quedó en manos de los 'grupos Y' y ETA. Los primeros llevaron el peso de la campaña de hostigamiento a las constructoras y a las entidades bancarias vinculadas a la autovía. Durante treinta meses estas células cometieron casi doscientos atentados que provocaron daños económicos superiores a los mil millones de pesetas. La banda armada, que ya había logrado suspender la construcción de la central de Lemoiz, dejó su sello en cartas bomba enviadas a técnicos, empresarios y cargos públicos -una de ellas mató a dos policías-, el asesinato de Casal, un coche bomba contra Construcciones y Contratas y un ataque a un cuartel de la Guardia Civil.

Concesiones

La persecución fue tan cruenta que en enero de 1991 las empresas se echaron atrás y la Diputación guipuzcoana se vio obligada a rescindir el contrato de adjudicación. Las protestas y la violencia no cesaban en un año en el que los partidos políticos presentaron diversas alternativas al trazado original que, en teoría, reducían el impacto ambiental. El PNV, que había llegado al gobierno de la institución foral al ser desalojada del mismo Eusko Alkartasuna, firme en sus planteamientos ante Lurraldea, empezó a moverse entre bambalinas y a negociar una solución con la coordinadora. La izquierda radical había conseguido lo que, en realidad, buscaba desde el principio: no se trataba tanto de paralizar las obras como de obligar a las instituciones a sentarse a hablar. O, lo que es lo mismo, escenificar que un órdago al poder basado en la violencia podía forzar un proceso negociador y obtener concesiones.

En octubre de 1991, la Diputación volvió a licitar las obras y, seis meses después, las constructoras las pusieron en marcha. La presión social desapareció, los sabotajes se terminaron y las bombas y las pistolas dejaron de escucharse. La estrategia Leizaran había dado resultado y HB brindó con champán para festejarlo.