Lasa propone un plan para incluir a las víctimas de la extrema derecha y del GAL

La Dirección de Víctimas del Terrorismo ha presentado hoy un informe en el que cifra en 66 los muertos y en 63 los heridos, víctimas del terrorismo de extrema derecha y del GAL, y en el que propone un plan para localizar e informar a las víctimas de los derechos que les corresponden. La directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, ha presentado hoy en el Parlamento vasco el informe relativo a las víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados de extrema derecha y el GAL, en el que se analizan 74 actos terroristas cometidos por distintos grupos criminales (Batallón Vasco Español, Triple A, Grupos Anti ETA o GAE).

Se trata de un plan diferente al que horas antes ha presentado el director vasco de Derechos Humanos, Jon Landa, que depende del departamento de Justicia, de Eusko Alkartasuna. Landa ha propuesto un plan para atender a las víctimas de la policía, que ha sido rechazado por PSE y PP y el que PNV ha dicho que estudiará. En el informe, Lasa propone desplegar un plan específico de acción para llegar al mayor número posible de las víctimas identificadas, dado que hay víctimas que puede que desconozcan los derechos que les corresponden. "Derechos que les son reconocidos por la legislación vigente y que, por diferentes motivos, no son objeto de disfrute", sostiene el documento.

Del total de actos terroristas analizados en el informe, 29 se cometieron en el País Vasco y Navarra, y 44 en territorio francés, además de uno en Venezuela. El informe identifica a 66 personas muertas y otras 63 heridas, además de un secuestro. Al GAL atribuye 24 asesinatos, además de 27 heridos. Asimismo, el documento sostiene que el Batallón Vasco Español cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras 18, mientras que La Triple A asesinó supuestamente a 8 personas y GAE (Grupos Armados Españoles) a otros seis.

Ley estatal

Respecto a la Ley estatal de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, el documento recoge que las personas afectadas por 28 de los atentados analizados no han formulado ningún tipo de solicitud al Ministerio del Interior para que se reconozca su condición de víctimas del terrorismo y en otros nueve casos les han denegado el reconocimiento por diversos motivos. Por contra, en 44 de los 74 actos terroristas analizados, bien los heridos supervivientes o los familiares directos de las personas asesinadas sí lo han hecho y en 35 casos, la respuesta de la Administración del Estado ha sido estimatoria.

El primer caso analizado en el informe data de 1975 y delata la presencia de "lagunas de información", debido a la falta de datos, por tanto, "es un trabajo a completar". Lasa, en el informe, recuerda que "la verdad y la justicia son derechos de todas las víctimas del terrorismo en cualquier tiempo y circunstancia".

En este sentido, constata la existencia de "espacios de impunidad, incompatibles con el derecho que ampara a las víctimas para reconocer la verdad de lo sucedido y con el derecho a la justicia", debido al insuficiente grado de conocimiento sobre la autoría concreta de los atentados terroristas analizados y la deficiente investigación policial llevada a cabo en la mayoría de casos. Finalmente, Lasa aclara en el informe que la delimitación del documento a este tipo de víctimas no implica en modo alguno la negación del reconocimiento de la existencia de otras víctimas.