El posible adelanto electoral amenaza cuatro proyectos de ley claves del Gobierno vasco

A menos de dos meses para el cierre por vacaciones, no está claro aún si el Parlamento vasco reanudará su actividad legislativa en otoño. Con algunos proyectos de Ley de capital importancia en el aire, los distintos departamentos del Ejecutivo autónomo trabajan en un clima de incertidumbre, conscientes de que numerosas variables políticas y cálculos de oportunidad influirán en la disolución o no de la Cámara de Vitoria tras el esperado pleno del 27 de junio próximo. Ese viernes, y de no mediar un giro aún poco probable en el discurrir de los acontecimientos previstos, el lehendakari solicitará a los grupos parlamentarios que le autoricen a convocar la consulta ciudadana que, según el calendario predeterminado en su 'hoja de ruta', debe celebrarse el sábado 25 de octubre.

El resultado de esa votación, cuya 'llave' está, una vez más, en poder de la izquierda abertzale, y los acontecimientos que podrían desencadenarse en los días inmediatamente posteriores deberían incidir de manera muy importante en el diseño de la agenda del final de una legislatura que tiene como fecha legal de caducidad el mes de abrir del próximo año.

En principio, el adelanto electoral tendría que ser automático si Ibarretxe no obtiene el permiso de la Cámara para convocar el plebiscito. De hecho, cuando presentó su 'hoja de ruta' en el pleno de Política General celebrado el 28 de septiembre pasado, el lehendakari -un hombre que siempre ha recalcado su empeño en cumplir la palabra dada- adoptó el firme compromiso de no agotar la legislatura si se alcanzaba ese hipotético escenario de rechazo parlamentario a la consulta.

Sin embargo, llegado ese momento, el jefe del Ejecutivo autónomo tendría que optar entre seguir a rajatabla su propio compromiso o ceder a los deseos de su partido. Este fin de semana, Iñigo Urkullu no sólo ha vuelto a dejar bien claro que el PNV se opone a un adelanto electoral, sino que ha mostrado en público su deseo de que, en este capítulo concreto, Ibarretxe no se ciña a la literalidad de su 'hoja de ruta' y atienda a los intereses de su partido: «El PNV querría analizar la situación con el lehendakari en cada momento», afirmó el presidente del EBB. Aunque, según aseguró ayer Andoni Ortuzar, el partido nacionalista se siente en disposición de aguantar un pulso político y de ganarlo, lo cierto es que los jeltzales entienden que necesitan tiempo para recuperarse del duro revés que sufrieron en las elecciones generales del 9 de marzo.

Tribunal Constitucional

Aún si obtuviera el visto bueno de la Cámara vasca, Ibarretxe podría verse obligado a no convocar la consulta por imperativo del Tribunal Constitucional, y previo recurso presentado por el Gobierno central. En medios parlamentarios tampoco se descarta que el lehendakari opte en tal caso por adelantar las elecciones para profundizar durante la campaña en ese mensaje que cada vez se hace más evidente en las filas del PNV, un discurso que culpa a Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista de negar el diálogo y el acuerdo al pueblo vasco. De lo que no se sabe nada concreto aún es del proyecto de 'ley de consulta' en el que, según algunas fuentes, trabajan desde hace algunas fechas asesores jurídicos contratados por Lehendakaritza.

A día de hoy, ni los propios compañeros del lehendakari en el Gabinete tripartito pueden ir más lejos de este análisis. Los mismos que hace unos días sospechaban que las elecciones pueden tener lugar el 26 de octubre intuían hasta hace dos o tres semanas que los comicios se celebrarían en torno a febrero de 2009. Otros describen con sorna lo incierto de la situación: «el lehendakari tomará una decisión reunido consigo mismo», apuntan en medios muy cercanos al Consejo de Gobierno. Se percibe, en todo caso, «cierto clima de cierre de carpetas», reconocen en medios del Departamento de Sanidad.

Para que las elecciones tuvieran lugar el 26 de octubre, bastaría con que Ibarretxe anunciara esta decisión durante su habitual comparecencia ante los medios informativos tras el primer Consejo de Gobierno posterior a las vacaciones estivales. La tradición marca que esta cita tenga lugar en el palacio Miramar de San Sebastián, en torno al 31 de agosto, pero como este año cae en domingo, podría adelantarse un par de días o retrasarse hasta el 1 de septiembre. Suficiente, en cualquier caso, para que el decreto de disolución de la Cámara y de convocatoria de elecciones autonómicas se publique en el Boletín Oficial del País Vasco 55 días antes de los comicios, tal y como establecen los plazos legales. Por si acaso, la distintas formaciones políticas ya han comenzado a engrasar su maquinaria electoral.

A la espera

Si el lehendakari decidiera fijar para octubre la cita con las urnas, algunos de los proyectos claves incluidos en el calendario legislativo del Gobierno tripartito verán muy reducidas sus oportunidades de llegar al pleno del Parlamento para ser sometidos a votación. Precisamente, Urkullu se aferró a este argumento al apostar en sus últimas declaraciones por el agotamiento de la legislatura.

Dado que el periodo actual de sesiones concluye el 30 de junio, tan sólo quedarían ocho semanas a contar a partir de hoy para la tramitación, debate y aprobación de estas iniciativas. La consejería de Vivienda y Asuntos Sociales da por hecho que cumplirá su compromiso de remitir al Parlamento antes del verano la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Vivienda, dos proyectos de profundo calado que actualmente permanecen en trámite interno en el Gobierno. Pero reconoce las dificultades de que lleguen a tiempo para aprobarse antes de que arranquen las vacaciones parlamentarias.

La Vicelehendakaritza también anunció que enviaría en junio al Legislativo la Ley Municipal de Euskadi, una norma pendiente desde 1983 que el propio Parlamento reclamó al Gobierno autónomo en 2005 para el año siguiente.

El adelanto electoral a octubre podría frenar, asimismo, los planes de Educación. Algunos de ellos tan polémicos como la reforma de los modelos lingüísticos. Pueden quedar en el aire, asimismo, la Ley del Sistema Educativo, que dotaría de una financiación similar a la de la escuela pública a aquellos centros concertados que cumplan una serie de requisitos en cuanto a atención de necesidades especiales, inmigración o plurilingüismo.

Igual de incierto resulta el futuro de la comisión parlamentaria que debe investigar las presuntas irregularidades en el proyecto del Museo Balenciaga de Getaria, a la espera de si en los próximos días llega a constituirse otra comisión de corte similar sobre el Guggenheim.

Y, entre tanto, otros frentes continúan abiertos: el Departamento Sanidad sigue sin llegar a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios en Osakidetza para cerrar de manera definitiva un conflicto que ha sometido a un enorme desgaste al conjunto del Ejecutivo.