La magistrada que liberó al etarra Gil Ostoaga vuelve a su juzgado en Bilbao

La magistrada Ruth Alonso Cardona volverá al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, que abandonó en 2003 en plena tormenta política por su decisión de conceder la progresión de grado y excarcelar a varios presos de ETA, medidas que en algunos casos fueron revocadas posteriormente por la Audiencia Nacional. Precisamente a raíz de estas circunstancias, el Gobierno, entonces dirigido por José María Aznar, creó un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria encargado de unificar los criterios judiciales y dictar la concesión de beneficios a los reclusos. Alonso ha ocupado durante estos años la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, a la que accedió tras el traslado a Madrid de su anterior responsable, Reyes Goenaga.

La magistrada bilbaína ya tuvo su primer encontronazo con el Gobierno en 1995, a raíz del otorgamiento del tercer grado al histórico militante de ETA José Miguel Latasa Guetaria. El ex activista condenado a 477 años de cárcel por diversos atentados -entre ellos, los que costaron la vida al general Garrido, gobernador militar de Guipúzcoa, varios policías y la etarra reinsertada 'Yoyes'- obtuvo la semilibertad tras once años en prisión.

En la decisión penitenciaria pesó la condena publica de la lucha armada por parte de Latasa Guetaria, por la que ETA le expulsó. Criticada duramente por el Ejecutivo y el PP, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respaldó la actuación de Ruth Alonso, que en 2002 vivió un episodio parecido al poner en libertad condicional al también activista de la banda Félix Ramón Gil Ostoaga.

El etarra, que se suicidaría semanas después de abandonar la prisión, fue detenido en Francia en 1989 y condenado posteriormente en España a una pena de 298 años por el asesinato de cinco guardias civiles y el alcalde de Olaberria, José Antonio Vivot. Tras cumplir más de las tres cuartas partes de los 30 años de reclusión máxima permitida por el Código Penal -la 'doctrina Parot' ha endurecido posteriormente la forma de aplicación de este beneficio-, Gil Ostoaga presentó un recurso para su excarcelación que fue aceptado en 2002 por Ruth Alonso, pese a que la junta de tratamiento de la prisión de Nanclares de Oca estimaba que el detenido seguía vinculado a ETA.

Tras esta decisión, se encendió la polémica. El Ministerio del Interior destituyó por «razones operativas» al subdirector de la cárcel, estrecho colaborador de la juez y autor de los informes favorables a la salida de Ostoaga, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación a la propia Alonso, finalmente archivada al estimar que la resolución de la juez se ajustó a los términos formales marcados por la ley.

Un puesto «muy duro»

En medio de esta situación, el Ejecutivo de Aznar decidió crear el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional para centralizar la concesión de los beneficios de los reclusos y unificar criterios. Se da la circunstancia de que en dos ocasiones la Audiencia ha anulado sendas excarcelaciones de militantes de ETA ordenadas por Alonso. En ambas, el CGPJ minimizó el alcance de estas decisiones al entender que no debe causar «escándalo» que el alto tribunal revoque una excarcelación porque es algo que ocurre de forma habitual en un sistema judicial de garantías.

En esa época, 2003, la magistrada anunció el abandono de su cargo al frente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao -en el que llevaba trece de sus quince años en activo-, aunque rechazó que la renuncia estuviera vinculada a estos episodios. «He pedido el traslado porque ya son muchos años en este destino y es un puesto muy duro», aseguró. No obstante, sí consideró que «la creación del Juzgado central fue un error que en nada beneficia al tratamiento penitenciario de los presos» y subrayó la existencia de «una campaña de descrédito» por parte del Ejecutivo del PP y de algunos medios de comunicación en contra de ella.

La magistrada, que pidió entonces destino en la Audiencia Provincial de Vizcaya, ha solicitado de nuevo este año su regreso al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La plaza, según informó ayer 'Europa Press', le ha sido concedida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras salir a concurso la vacante.