Cómo elegir a un buen administrador de fincas

Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) entiende perfectamente la situación. «La actividad que genera una comunidad de propietarios es abrumadora, sobre todo para una persona que no tiene conocimientos en la materia. Hay obligaciones de mantenimiento, técnicas, fiscales, económicas, laborales... y hasta de protección de datos. La mayoría de las comunidades ya delegan su representación en manos de administradores profesionales para no complicarse la vida con los trámites administrativos ni con los propios vecinos», reconoce el directivo.

Ahora bien, elegir a un buen profesional «no siempre es sencillo. Ni todos los administradores prestan los mismos servicios, ni lo hacen con la misma diligencia ni cobran igual. De hecho, los honorarios son libres. No existe ningún baremo oficial, ni siquiera unas tarifas estándar para que las comunidades de vecinos puedan tener una referencia», advierten en la Organización de Usuarios y Consumidores (OCU).

Por este motivo, los expertos del sector no solo aconsejan solicitar varios presupuestos a diferentes empresas, sino también examinar detenidamente los servicios que incluye cada administrador «porque la disparidad de precios y servicios entre unos y otros es muy importante. Pero, ojo, tampoco debemos dejarnos persuadir por tarifas muy económicas si resulta que después nos cobran como un extra conceptos tan básicos como la gestión laboral de los empleados de la finca, la presentación de impuestos, la asistencia a juntas extraordinarias o incluso las comunicaciones y fotocopias que se entregan a los propietarios en las reuniones. De ahí que un valioso elemento de juicio a la hora de contratar a un profesional para gestionar la finca sea la amplitud de servicios incluidos en la tarifa, además de las referencias de otras comunidades», insisten en la OCU.

También es importante tener en cuenta que un administrador de fincas «no es un monarca». Su labor está perfectamente descrita en la Ley de la Propiedad Horizontal y no puede tomar decisiones de manera unilateral, salvo en caso de urgencia como, por ejemplo, resolver un apagón en el edificio o la rotura de una cañería. «El grueso de su trabajo consiste en ejecutar los acuerdos que se adopten en la junta de propietarios, además de llevar la gestión económica de la finca para asegurar su viabilidad», añaden en la OCU. Sin embargo, existen situaciones de las que un administrador no es responsable. Explican los expertos que cuando en una comunidad surgen problemas de convivencia o se producen impagos por parte de algunos vecinos, «el administrador puede asesorar acerca de las opciones legales o incluso mediar entre las partes, pero son los propietarios quienes deben abordar estos conflictos. No vale acusar al administrador de pasividad o dejadez».

Entre los servicios obligatorios que debe tramitar el profesional se encuentran la gestión económica y administrativa (elaboración de presupuestos, emisión y cobro de los recibos, custodia de los libros de la comunidad, mantenimiento de las cuentas corrientes...); comunicación (envío de convocatorias, elaboración de actas y circulares, contacto constante con el presidente...); además de otras labores como la gestión de operaciones de mantenimiento del edificio o la ejecución de los acuerdos adoptados en materia de obras.