¿Cuánto cuesta ir a juicio?

En este sentido, los expertos aconsejan tratar de llegar a acuerdos antes de ir a juicio –sobre todo si no está clara la victoria o se pleitea por un asunto menor–, porque terminar ante un juez no es barato. En caso de no cumplir los requisitos para poder acceder a la asistencia jurídica gratuita, estos procesos, además de largos, pueden llegar a ser muy costosos en función de la cantidad de gastos que tenga que afrontar el demandante para defender su causa y que, según explican en la OCU, son los siguientes. Por un lado, están los honorarios del abogado (no hay tarifas fijas, sino libertad de precios) y del procurador (regulados por ley). Por otro, el coste de las pruebas que necesite para apoyar sus pretensiones, suponiendo que se necesiten informes judiciales de cierta complejidad –por ejemplo, para reclamar que un comerciante cumpla la garantía podría bastar con el tique de compra y un presupuesto de reclamación, pero si se reclama una indemnización por las lesiones sufridas en un accidente, el informe médico puede ser muy caro–. Y, por último, están las costas del juicio: es decir, si pierde tendrá que afrontar los gastos (todos o en parte) desembolsados por la parte contraria para batallar contra usted.

En resumen, los juicios más baratos son los procesos en los que no hace falta pagar pruebas caras y, además, uno puede defenderse a sí mismo, como ocurre en la jurisdicción laboral o en los juicios verbales (civil) en los que se reclama un máximo de 2.000 euros. También salen a cuenta los juicios en los que se lleva asistencia letrada pero la termina pagando la parte contraria. En el resto de casos, toca aflojar el bolsillo. De ahí que los servicios jurídicos de la OCU defiendan que «a veces, renunciar a determinados casos es ganar un poco». Insisten en que solo se deben hacer peticiones bien fundadas «porque las dudosas alejan la posibilidad de librarse de las costas» y tampoco son partidarios de recurrir por recurrir –la segunda instancia suele confirmar lo dicho por la primera– «ni de reclamar a un insolvente como escarmiento porque solo perderá dinero».

Si decide contratar a un abogado para defender su caso, debe saber que los honorarios son libres. «En las relaciones con el propio cliente existe una absoluta libertad de precios. Tan lícito es pedir una cantidad como otra y es el cliente el que finalmente decide si las acepta», explica Gorka Vidondo, abogado y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia. No ocurre lo mismo con los honorarios de los procuradores, «que están regulados por ley según el tipo de procedimiento y no admiten más variación que una rebaja o un sobrecoste del 12%», añaden en la OCU.

«Antes había unos honorarios orientativos para hacerse una primera idea de lo que le podía costar ir a juicio, pero hace unos años se les prohibió a los colegios profesionales ofrecer esas referencias porque entorpecían la libre competencia. No obstante, los criterios orientativos perviven por otra razón: un juicio puede saldarse con una condena a costas a la parte perdedora, que tendrá que asumir en todo o en parte los honorarios de la parte victoriosa. Para evitar abusos, los colegios manejan unas cantidades máximas que se consideran aceptables y que, en la práctica, no dejan de funcionar como referencia», desvelan en la OCU.

«Cuando un cliente te pregunta en cuánto le va a salir ir a juicio, no se le puede dar la cifra exacta, aunque sí aproximada porque conocemos los criterios establecidos por los Juzgados en las tasaciones de costas y los honorarios de procuradores y peritos.... Además, el artículo 394 LEC establece que el que pierda el juicio, sólo estará obligado a pagar de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales no sometidos a arancel una cantidad que no puede exceder de la tercera parte de la cuantía del proceso», precisa Gorka Vidondo.