La visita a Bizkaia del 'abogado de las brujas'

Claro que el tono cambiaba cuando el temor popular a las brujas se transformaba en pánico social. Entonces las autoridades vizcaínas reclamaban la presencia del Santo Oficio para que actuara con severidad. Como la justicia ordinaria se ocupaba asimismo del «crimen de la secta de bruxos», también pedían que el corregidor, representante del Rey en el territorio, se mostrara más riguroso de lo habitual. Pero a partir de 1615, cuando se desencadenó la caza de brujas en varios lugares de Bizkaia –Zamudio, Bermeo y Gernika sobre todo–, se encontraron con que ambas instancias desatendían el asunto.

Por eso el Señorío se dirigió por carta al Consejo de Castilla en octubre de 1616 solicitando que se nombrara un juez «que entienda en los numerosos casos de brujería que se dan en ese territorio». Se decía en la misiva que «de poco tiempo a esta parte por sus pecados se ha apoderado el enemigo unibersal de algunas personas de poco entendimiento umildes y biejas y pobres, ynfiçionándolas y metiéndolas en la maldita secta de bruxos. Y lo que peor es que los que están metidos en este enrredo diabólico y encantados del demonio procuran meter en él a otros, y particularmente a niños tiernos y de poca hedad a los quales lleban de noche a las partes donde hazen sus malditas juntas con el demonio para que en años tiernos y de ynoçençia se críen en aquel abominable biçio y continuen en años de discreçión».

Las gestiones de las autoridades vizcaínas desembocaron en que el nuevo corregidor, el licenciado Juan de la Puente Agüero, fuera comisionado para investigar y juzgar las denuncias y apelaciones por brujería. A diferencia de su predecesor, Hernando de Salcedo y Avendaño, que para el Señorío no persiguió a las brujas con la debida dureza, el nuevo corregidor asumió su misión con tal celo que provocó un conflicto de competencias con la Inquisición, a cuyo tribunal en Logroño llegó a reclamar que le remitiera un familiar –un informante o auxiliar del Santo Oficio–, Martín de Galarza, vecino de Amorebieta, que era sospechoso de ser brujo.

El tribunal de Logroño, en cuya jurisdicción entraba Bizkaia, era prudente respecto a lo que sucedía en el territorio. Tras el auto de fe de 1609 de Logroño –el de las brujas de Zugarramurdi–, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que estaba convencido de que la mayoría de los casos de brujería eran fantasías y rumores maliciosos, había logrado que sus criterios escépticos se impusieran. «No he encontrado ninguna prueba ni el más mínimo indicio que permita deducir que de verdad haya tenido lugar un acto de brujería», había escrito en un informe al inquisidor general. Conocido hoy día como 'el abogado de las brujas', gracias al estudio de Gustav Henningsen sobre Zugarramurdi que lleva ese título, Salazar logró que la Inquisición modificara sus procedimientos en 1614, acabando con la quema de brujas.

Salazar podía no creer en las brujerías y akelarres, pero era un inquisidor preocupado por que se respetaran las competencias de su tribunal. Como resumió Caro Baroja, «por fin, hubo de ir a Bilbao para poner orden y atajar las pretensiones del corregidor». Ya en la villa, el 5 de diciembre de 1617 escribía a Madrid explicando que «lleva ánimo el dicho corregidor de conocer y sentenciar también los reos de este crimen que por reniegos de Dios y adoración del demonio hallare que an apostatado y tenido otros pactos, aunque sean espresos, con el demonio».

Añadía que a pesar de que a Salcedo y Avendaño se le había indicado «clara y distintamente cómo y desde quándo se avía de abstener para remitirnos los tales negoçios» de brujería al tribunal de Logroño, De la Puente Agüero, que tenía en su poder esas mismas instrucciones, «no solamente no nos a remitido hasta aora negocio ninguno deste modo» sino que además mantenía que estaba autorizado por el Rey para proceder por su cuenta. Y lo estaba haciendo: varias personas sospechosas de brujería languidecían en la cárcel de Bilbao, mientras en algunos lugares las justicias locales actuaban por su cuenta, lo que se tradujo en la muerte de algunas mujeres. El cadáver de una de ellas, en Gernika, fue abandonado a los perros para que se lo comieran.

Salazar cortó por lo sano: aplicó el edicto de gracia por el que se perdonaba a cualquiera que se reconociera hereje, en este caso brujo o bruja. Según Caro Baroja, como ya había hecho en 1611 en Navarra, «actuó frenando la acción de justicias y autoridades municipales. Después se marchó del Señorío, creyendo que la cosa estaba dominada. Pero la realidad es que aún duró la crisis en 1618 y hubiera durado más según la voluntad de algunos». Entre ellos, claro, el corregidor De la Puente Agüero, que insistió en que estaba comisionado para castigar a los culpables de brujería, aunque «por fortuna no parece que triunfó su criterio».