ZTE, la otra compañía de móviles vetada por EEUU

Empeñado en que las empresas americanas se desvinculen de China y, al tiempo, angustiado por la delantera del país en la implantación de redes móviles 5G, Trump se escuda en una supuesta amenaza para la seguridad nacional. Asegura que Huawei (segundo fabricante mundial de smartphones) aprovecha su hegemonía para espiar a los funcionarios estadounidenses, comerciando a posteriori con el sudeste asiático.

Se entiende así el veto que acaba de saltar a titulares, derivado en el fin de las relaciones comerciales entre Google y Huawei. No obstante, esta última no es la primera firma en ser vapuleada por Estados Unidos: la china ZTE atravesó una crisis similar hará poco más de un año.

Aunque menos conocida por el usuario medio, ZTE llegó a ocupar el cuarto puesto como vendedor de móviles en EEUU. Pero fueron sus operaciones como proveedor de redes las que despertaron el recelo de los americanos, máxime tras saberse que la compañía presidida por Zhao Xianming había comerciado con Irán y Corea del Norte pese a los acuerdos de exportación sellados.

En mayo del pasado año, a consecuencia, el Gobierno de Trump prohibió a las empresas estadounidenses el suministro de componentes vitales para ZTE (fundamentalmente chips fabricados por Intel y Qualcomm). Incapaz de producir acorde a la demanda, la compañía se vio obligada a «paralizar sus actividades operativas», al menos hasta revertir la situación o encontrar un plan de suministro alternativo. Esto último pasa por cambiar el 'corazón' de sus teléfonos (los procesadores Snapdragon de Qualcomm imperan en los terminales Android de gama media y alta), lo que obliga a trastocar el diseño y las especificaciones de cada modelo.

Descartado entonces el cambio de proveedor y sabedora de que abandonar el mercado estadounidense supondría pérdidas mayores, ZTE se mostró dispuesta a satisfacer una sanción de 900 millones de dólares. El 'pero' fue que dicho pago no eximía del veto impuesto.

ZTE respiró aliviada dos meses después. Sus teléfonos habían dejado de venderse en los canales oficiales, el stock escaseaba y las cuentas caían en picado. La única opción posible era someterse a la supervisión de las autoridades y acometer sus mandatos: despedir a los directivos implicados en las negociaciones con los países mentados y desembolsar 1.000 millones de dólares (previo reconocimiento de culpa y arrepentimiento).

El pasado agosto, EEUU prohibió a sus funcionarios el empleo de dispositivos fabricados por la propia ZTE, Huawei, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology y Dahua Technology. Las acusaciones de espionaje se elevaban al gobierno chino, cuyo control hipotético sobre dichas compañías le permitiría acceder a los datos y la geolocalización de millones de empleados.

La guerra de aranceles entre ambos mercados se recrudeció, sin que la tregua de 90 días firmada en diciembre (durante la cumbre del G20 en Buenos Aires) llegase a culminar. Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei, fue detenida en Canadá por violar las sanciones estadounidenses a Irán, lo que devolvió la situación al punto de partida.

Las caídas en bolsa han sido notables desde entonces, quedando afectadas no sólo las grandes empresas asiáticas; también americanas como Apple, que padece un estancamiento en las ventas del iPhone (con especial incidencia en el fructífero mercado chino). Llegamos así al 15 de mayo, cuando Trump declaró una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses utilizar los servicios de telecomunicaciones de cualquier firma extranjera si esto pone en riesgo la seguridad nacional.

En lo que al futuro de Huawei respecta, y a tenor del aplazamiento de 90 días concedido horas después del veto, no puede descartarse el pago de una multa considerable y la firma de los pertinentes acuerdos. O tal vez los chinos decidan cortar por lo sano y desvincularse de Android bajo el seno de su propio sistema operativo, lo que no dejaría de sembrar desconfianza en sus clientes actuales y potenciales.

Mientras tanto, ZTE anuncia la creación un centro de ciberseguridad en Nanjing (China) para «expandir sus servicios de seguridad por todo el mundo». Un movimiento quizás arriesgado bajo el clima de tensión actual.