Así cambia tu contrato de telefonía móvil a partir de este mes

Pero la ley también establece nueva protección de los derechos de los usuarios que contraten los servicios de telecomunicaciones. Desde finales de octubre se han producido varios cambios en los contratos firmados por los clientes con las teleoperadoras (Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil, Digi...). Los contratos tendrán una duración máxima de 24 meses contando desde el pasado 30 de octubre (hasta ahora tenían duración indefinida). No es necesario volver a firmar el contrato. La mayoría de las operadoras puede establecer que se prorroguen de forma automática con esta duración si el cliente no indica lo contrario. El objetivo de esta medida es que el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización. La operadora puede pedir un preaviso de un mes al cliente en caso de que este quiera darse de baja, aunque de momento prácticamente ninguno lo ha incluido como requisito.

Las operadoras han ido informando a sus clientes de estos cambios, aunque algunas han introducido matices: Vodafone y Lowi han enviado a sus clientes un SMS informando de los dos años de permanencia y de la opción de darse de baja gratis en cualquier momento. En el caso de Vodafone, incluye una cláusula para que las tarifas se actualicen de manera automática en el primer trimestre del año según el IPC interanual promedio del año anterior. Otra novedad que incluye esta operadora afecta a la privacidad: si el cliente da su consentimiento expreso cuando se le solicite, recibirá ofertas de otras empresas del grupo Vodafone.

Orange y Jazztel piden dos días de preaviso para darse de baja mientras que O2, que no ha tenido nunca condiciones de permanencia con sus clientes, seguirá igual. En el caso de Movistar la duración de los 24 meses afecta a quienes tengan dispositivos Movistar Rent con una duración de tres años, que se adaptarán con un ajuste de las cuotas a un modelo de 24 meses prorrogables hasta 12 meses más.

Pepephone, que tampoco tiene permanencia, seguirá igual con la nueva duración incluida en la LGTel. Con todo, establece que si hay un impago en la factura los costes que se deriven de la devolución del recibo podrán repercutir en el cliente.

La LGTel mejora la portabilidad y establece que tendrá que ejecutarse con la mayor brevedad: el usuario no podrá quedarse más de un día hábil sin servicio. La empresa antigua deberá devolver el saldo restante de las tarjetas prepago si lo solicita el consumidor y sólo podrá cobrar una tasa si así lo estipula el contrato (ésta tendrá que ser proporcionada y adecuada a los costes reales del proceso de portabilidad).

Otra de las cuestiones que establece la LGTel es la obligación de las operadoras de telefonía de publicar la información «completa, comparable, fiable, de fácil consulta y actualizada sobre la calidad de sus servicios». La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la autoridad competente para exigir a las empresas que lo hagan. La CNMC debe establecer la calidad de los servicios que se ofrecen en el mercado; para ello ha abierto una consulta pública sobre los parámetros de calidad que se puede encontrar en su web y también realizará un estudio bienal sobre la calidad del servicio en las zonas rurales y escasamente pobladas.