Vivienda quiere penalizar a quienes no bajen el alquiler en zonas tensionadas

Las haciendas vascas abordarán, previsiblemente el próximo año, una nueva revisión fiscal (la última data de 2018) para introducir cambios en el sistema tributario que tengan en cuenta la nueva realidad económica y social, y analice aspectos como el reto demográfico, la fiscalidad verde, la igualdad... Es en el marco de ese proceso en el que el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes trasladará de nuevo la propuesta (la puso sobre la mesa hace cuatro años), que afecta al IRPF.

La consejería que dirige Iñaki Arriola publicó ayer un informe en ese sentido, documento que analiza la situación actual y la que podría darse si las entidades forales, «los órganos competentes», introdujeran su plan. Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco, explica que «hemos calculado qué hay que hacer para que los propietarios bajen el alquiler un 5% y que, en la declaración de la renta, se les compense» esa reducción y «no pierdan dinero» por reducir la renta.

Lo primero, puntualiza, es que, en los tres territorios históricos, los ingresos derivados de los alquileres se incluyen en la declaración «como rendimientos de capital» en lugar de «como rendimientos que van a la base general», como sucede en el resto de España. Trasladar esas cuantías al segundo de los escenarios, en el que están las rentas del trabajo, derivaría en que los dueños tengan que tributar más por los ingresos derivados de arrendar un piso. Ese aumento en lo que deberían pagar «se contrarrestaría con una tarifa progresiva» y con «incentivos» en los casos en los que reduzcan las cuotas que giran a los inquilinos que utilizan ese alojamiento como vivienda habitual.

Por otro lado, entiende Yoldi, con ese nuevo sistema a los propietarios les sería «más rentable tener las viviendas alquiladas que vacías». Y se establecería una «diferencia en el tratamiento fiscal», que sería «negativo para el alquiler de temporada y los pisos turísticos», ya que tributarían como los rendimientos del trabajo pero sin tener acceso a bonificaciones. «Tienen pleno derecho legal a hacer negocios, pero la sociedad también tiene derecho a que para ellos no quepa una reducción fiscal porque están haciendo un negocio razonable y tienen que tributarlo en la base general, como otros trabajadores», destaca.