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JOsé domínguez
Martes, 12 de noviembre 2019
El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco prevé que el año que viene se dupliquen las promociones de vivienda protegida en régimen de alquiler. 1.200 nuevos pisos y alojamientos dotacionales frente a los apenas 630 contabilizados el año pasado. Así lo ha asegurado ... este martes en el Parlamento vasco el consejero Iñaki Arriola, en la comisión de Hacienda durante la presentación oficial del borrador del presupuesto para 2020, pendiente de su aprobación por el pleno de la Cámara, que solo en esta viceconsejería (sumadas las sociedades públicas de gestión del arrendamiento Alokabide y de promoción urbanística Visesa), superará los 304 millones de euros, un 9,9% más que en el presente ejercicio.
Los cálculos anunciados por el responsable socialista pasan porque el Departamento impulse por sus propios medios 250 inmuebles en régimen de arrendamiento. Otros 500 serán promovidos por Visesa, 125 por los ayuntamientos y entes locales y otros tantos mediante una experiencia pionera en Euskadi: Serán financiados y levantados por cooperativas sin ánimo de lucro en régimen de cesión de uso de solares públicos durante 50 o 75 años. Además, el departamento contempla que la iniciativa privada también se suma a la construcción de vivienda en alquiler con 200 inmuebles que se gestionarán bajo el modelo del programa de intermediación pública Bizigune (el dueño cobra hasta 650 euros mensuales durante los seis años que dura el contrato y recupera el piso en las mismas condiciones en que lo puso en manos del Ejecutivo autonómico).
Precisamente Bizigune será también un pilar fundamental para aumentar el parque público de alquiler en Euskadi porque de los casi 5.800 pisos privados captados con los que se espera terminar este año, se espera alcanzar los 6.600 a finales de 2020. Y el otro servicio similar, Asap, de los 268 actuales a 600.
Otro de los campos de acción en este sentido será, según ha explicado Iñaki Arriola, el programa de emancipación juvenil Gaztelagun, que ayuda a pagar hasta la mitad de una renta a los vascos que tienen entre 23 y 35 años y al que se destinarán 7,5 millones de euros. Como hasta ahora la iniciativa no está teniendo un gran resultado, la han solicitado 1.500 personas pero sólo cumplían los criterios 644, la viceconsejería ha optado por flexibilizar los requisitos al bajar el límite de ingresos permitido de 9.000 a 3.000 euros, aumentar el máximo a 18.000 si es una persona (24.000 la unidad familiar y 28.000 la numerosa), y sobre todo rebajando la edad mínima para solicitarlo de los 23 a los 18 años. «Estamos convencidos de que con estos cambiaos el 80% de los casos denegados hasta ahora se pueden recuperar si vuelven a realizar su solicitud y que nos lleguen muchas más», ha asegurado.
Con estas medidas, la previsión del consejero es que la sociedad autonómica Alokabide gestione ya con 15.000 viviendas, frente a las 13.000 actuales. Además, confía en que el parque público total del alquiler en Euskadi se acerque a final del año que viene a los 25.000 pisos y alojamientos dotacionales.
Por otro lado, el Departamento de Vivienda destinará otros 24 millones de euros a subvencionar obras de rehabilitación, con lo que espera inducir una inversión privada de 350 millones para mejorar las condiciones de 10.700 pisos. De éstos, más de la mitad mejorarán su accesibilidad y otros 3.000 su eficiencia energética. Se invertirán además 17,8 millones para la compra de suelo donde levantar 700 viviendas protegidas.
El proyecto de presupuestos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda asciende en realidad a 236,1 millones, un 5,7 % más que en las cuentas del año pasado, aunque estas no fueron aprobadas por falta de apoyo parlamentario y el Gobierno Vasco ha trabajado sobre los presupuestos prorrogados de 2018. De esta cantidad, el grueso del dinero lo absorbe Vivienda, 150,9 millones (aunque el montante total que gestionará son asciende a 304,3 millones con Alokabide y Visesa. El área de Planificación Territorial contará con un presupuesto de 9,5 millones y el de Medio Ambiente de 69,2, de los cuales 38,7 millones corresponden a la Agencia Vasca del Agua (URA) y 4,3 a impulsar acciones de economía circular, gestión de residuos y cambio climático.
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