Urkullu quiere vía libre para adelantar varias horas el toque de queda y decretar encierros

Urkullu tendrá de esta manera que cambiar el paso y en la reunión de esta tarde del LABI -el consejo que coordina la lucha contra el coronavirus en Euskadi- deberá centrar sus medidas en posibles recortes de los horarios de apertura de la hostelería, el comercio y, en general, de toda la actividad que propicie relaciones sociales. Ésta era una de las líneas de actuación previstas, como también lo era obligar a la ciudadanía a permanecer en casa mucho más tiempo del actual. De hecho, en el Gobierno vasco se había barajado adelantar el toque de queda incluso a las ocho de la tarde, una restricción que habría funcionado como un confinamiento de facto sin necesidad de paralizar toda la actividad económica e industrial.

En Lakua creían hasta comienzos de semana que a partir del próximo lunes iban a tener las manos libres para marcar un toque de queda propio en Euskadi. Se agarraban a las declaraciones de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien el 27 de octubre aseguró que transcurridos los primeros 15 días del nuevo estado de alarma sería cada autonomía la que fijase la franja en la que se restringe la movilidad. «A partir de ese momento, quedará a criterio, a juicio de cada autoridad competente delegada, es decir, de cada presidente autonómico, cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en cada comunidad a la vista de la evolución de la pandemia», afirmó textualmente Montero.

Esa declaración, sin embargo, choca con el criterio expuesto por los jueces a lo largo de la pandemia. Un presidente autonómico no tiene la capacidad legal para limitar un derecho fundamental, como es el de la movilidad. Esa potestad recae sólo en el Gobierno central, que eso sí, puede ceder la ejecución -no la aprobación- de esa medida.

Las dudas existentes llevaron al Gobierno vasco a realizar el martes una consulta informal con el ministerio, que les contestó que Urkullu no podía ampliar el toque de queda más allá de la hora extra autorizada. Y ayer volvió a plantear la misma cuestión, ya de forma oficial y ante el resto de autonomías en el Consejo Interterritorial de Sanidad. La contestación de Illa fue que «creen que no pero que lo iban a consultar».

Una vez finalizado ese encuentro telemático y a preguntas de los periodistas, el ministro optó por evitar una respuesta directa y se limitó a recordarle a Urkullu que el actual decreto de estado de alarma sí le permite recortar el horario o incluso cerrar ciertas actividades -hostelería y comercio- «como ya están realizando otras autonomías-.

Si no hay un cambio de última hora, a Urkullu sólo le queda, por el momento, ampliar el toque de queda en Euskadi esa hora extra y reclamar a Sánchez -con el apoyo de más presidentes autonómicos- una modificación urgente del actual decreto del estado de alarma. Este movimiento le otorgaría el paraguas legal para aprobar restricciones de más calado sin el miedo a que se las tumben en los tribunales, que ya ha ocurrido en esta segunda ola.

Ese cambio legal también tendría que contemplar, según la opinión del Gobierno vasco, la cesión a cada gobierno regional de la potestad de «decretar confinamientos domiciliarios si llegase a ser necesario (...) y si las circunstancias lo aconsejen». La solicitud fue planteada ayer mismo por Euskadi en el transcurso del Consejo Interterritorial de Sanidad y sigue la estela de Asturias, Ceuta y Melilla, territorios acuciados por los malos registros epidemiológicos. Cantabria aprobó ayer el confinamiento perimetral de sus municipios.

Desde el Gabinete Urkullu aclaran que solicitar tener la capacidad de decretar el confinamiento no implica que vayan a hacerlo de inmediato. Su postura no ha variado en los últimos días e insisten en que ésa es la última medida que adoptarán por su elevado coste económico y social.

Pero el lehendakari quiere tener vía libre para llevarla a cabo en el hipotético caso de necesitarla. Ser él el que presione el 'botón rojo'. No quiere depender de Sánchez y de negociaciones políticas. «La intención es disponer de forma inmediata de este instrumento», argumentó el Gobierno vasco, quien difundió ayer que el ministro Illa se comprometió a «estudiar esta opción».