Urkullu reclama a la UE que controle las devoluciones de migrantes en Irún

El Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu reconoce que «esta realidad de entregas de migrantes de Policía a Policía y su seguimiento desborda las competencias del ámbito autonómico. En todo caso, el Gobierno vasco exige que todos los procedimientos se desarrollen con arreglo a la legalidad y al respeto a las garantías y a los derechos humanos de las personas afectadas». En su carta a Juncker, el lehendakari manifiesta que «esta situación merece una reflexión en profundidad por parte de todas las instituciones democráticas de Europa» y reclama «una estrategia compartida con iniciativas a corto, medio y largo plazo». A su juicio, se hace necesario «un cálculo de las necesidades y los recursos disponibles, planteando un compromiso colectivo de la comunidad internacional para actuar en los países de origen». Urkullu, que pone en valor «la respuesta humanitaria» de las instituciones vascas, subraya que «Euskadi está dispuesta a secundar ese esfuerzo compartido ante la realidad de la migración regular e irregular, en tránsito y de menores no acompañados». Por ello, desde que en 2015 comenzó la crisis humanitaria en el Mediterráneo, explica Urkullu, el Gobierno vasco ha mantenido «una interlocución ininterrumpida tanto con el Ejecutivo de Mariano Rajoy como con el de Pedro Sánchez» para «mejorar la coordinación» y dar un mayor protagonismo en este tema a las administraciones autonómicas y locales.

Según denuncia SOS Racismo, que remonta las «devoluciones en caliente» a «hace ocho meses», es habitual «la llegada desde Burdeos de furgonetas cargadas con migrantes en tránsito que son detectados allí y deportados después de dar aviso a la Policía Nacional». «Los gendarmes les traen todos los días y les hacen bajar en suelo español, frente al Ficoba -recinto ferial-, en Irún. No es un viaje diario, sino varios».

El pasado martes, en una entrevista concedida por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, al diario alemán 'Handelsblatt', le preguntaron por las devoluciones de Francia a España de 9.000 inmigrantes en 2017 «por el color de la piel», a lo que el responsable socialista contestó que «a veces se mueve uno en la frontera de la legalidad». Según Borrell, España los acepta porque se trata de «cifras bajas».

Las entidades que trabajan sobre el terreno reconocen que la estampa en el peaje de Biriatou se repite a diario. Los migrantes provienen de Mali, Senegal, Costa de Marfil o Guinea Conacry, fundamentalmente, y no hace ni una semana que han cruzado el Estrecho. Son fácilmente reconocibles porque visten las sudaderas grises y negras y las alpargatas de colores que les entrega Cruz Roja en las costas andaluzas. «Muchos se quedan allí mismo o en los alrededores, e intentan cruzar a pie en cuanto anochece. Los hay que vuelven a Irún y aguardan para montarse en otro bus. Todos acaban pasando a Francia en pocos días», explica un colaborador que ayuda a los migrantes en Irún.

La noticia también parece haber llegado a los albergues de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, donde algunos migrantes optan por esperar a que se calmen las aguas en la frontera. Mientras, la presión migratoria en el sur no baja.