Los tribunales vascos atienden ya 20 peticiones de rebaja de penas de delincuentes sexuales

La catarata de peticiones se ha acelerado en los últimos días, al tiempo que se extendía el debate político, jurídico y social sobre los efectos de la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad y aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y el Senado. Si a finales de la pasada semana eran seis las reclamaciones que habían llegado hasta los juzgados vascos, esta se cerrará con al menos veinte. Las defensas de los condenados se aferran a uno de los principales cambios de la ley, que ha unificado los tipos de abuso y agresión sexual, variando así la horquilla de las condenas aparejadas: ahora va desde los cuatro a los doce años, en lugar de los seis a los doce.

Mientras los legisladores −es decir, los políticos− se debaten entre realizar un retoque legal para incluir una disposición transitoria que ponga coto a las rebajas de pena o dejar el texto tal y como está, la Justicia trata de gestionar como puede este inesperado escenario. Pero las cosas van despacio. Se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto en las próximas semanas, aunque no lo hará sobre peticiones concretas de revisión de pena, sino sobre recursos a sentencias que aún no son firmes. La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha dictado un decreto en el que se limitan los supuestos en los que los representantes del Ministerio Público apoyarán la reducción de una condena.

También las audiencias provinciales están tratando de poner todo negro sobre blanco. En Euskadi, la primera en hacerlo será la de Bizkaia, que hoy mismo reúne a sus tres secciones penales para poner en común la información y tratar de homogeneizar los criterios que se utilizarán en las revisiones solicitadas. Los magistrados de la Audiencia de Gipuzkoa harán lo propio el próximo jueves, 1 de diciembre. Pero esta convocatoria no se reproducirá en el caso de Álava, ya que su órgano superior solo tiene una sección penal.

Hasta el momento son tres las audiencias provinciales de España que han debatido cómo gestionar esta situación. Y las reuniones se han saldado con una evidente disparidad de pareceres. Los jueces de Zaragoza han acordado revisar de oficio las sentencias que pudieran verse afectadas por la novedad de la norma y, por tanto, rebajar las penas mínimas en los casos que favorezcan al condenado. Los de La Rioja, en cambio, han optado por lo contrario, al aplicar el Código Penal de 1995 en ausencia de una disposición transitoria en la nueva ley. Para los de Cantabria, sin embargo, esa es una vía caduca.

Por ahora son al menos 17 los condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley: 13 por revisiones de condena (cuatro en Madrid, dos en Baleares, dos en Galicia y una en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, respectivamente) y 4 más por sentencias dictadas desde que la norma entró en vigor, el pasado 7 de octubre.