La UE avala que haya un límite de edad para ingresar en la Ertzaintza

El TEDH considera ahora que poner un límite de 35 años para entrar a formar parte de la Ertzaintza «no es discriminatorio», sino que es una manera de «asegurar y mantener la capacidad funcional» del cuerpo. Los magistrados consideran, además, que el requisito fue argumentado «con motivos pertinentes y suficientes» por parte del Gobierno vasco. El fallo sienta un precedente a nivel europeo y abre la puerta a que las policías de otros países comunitarios adopten idéntica medida.

La resolución, no obstante, tendrá un alcance más limitado en Euskadi, ya que la Ley vasca de Policía incrementó este requisito de 35 a 38 años en 2020, en un intento de elevar el punto de corte y permitir el pase de más aspirantes. A la XXV promoción de la Ertzaintza, por ejemplo, se presentaron 400 candidatos de más de 35 años. De ellos, la mayoría no llegaba a 38. Además, el reglamento vigente incorporó la coletilla de que computarían los años de servicios prestados en otros cuerpos. Es decir, si un aspirante ha estado un tiempo en alguna policía municipal, esos años pueden ser descontados del límite estipulado.

El TEDH confirma ahora la sentencia del otro tribunal europeo (el TJUE), que ya en 2016 avaló la barrera de edad de 35. El caso llegó a Europa después de una serie de sentencias en Euskadi que venían a dar la razón a aquellos aspirantes que denunciaron haber sido discriminados por razones de edad.

Los magistrados del Tribunal de Derechos Humanos precisan que ese trato diferente por la edad podría considerarse «adecuado» porque pretende «garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del servicio policial». Y abundan: «Puede ser relevante garantizar la presencia de un número suficiente de agentes 'jóvenes' para realizar tareas que impliquen un mayor esfuerzo físico, con medidas como la que nos ocupa». Por unanimidad, fallan que Euskadi no infringió el artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fija que «nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de una autoridad pública» por razones de sexo, raza, color, lengua o religión, entre otros.