Dos de cada tres pisos de alquiler público que se levantan en España son vascos

Estas cifras pueden parecer modestas, pero resultan muy significativas si se analizan con perspectiva. Esta tipología de vivienda en arrendamiento social para familias sin recursos solo se está promoviendo de forma efectiva en Euskadi, Madrid –78– y Navarra –33–. Por otro lado, el ejercicio pasado se inauguraron 859 pisos protegidos en el País Vasco con carácter general –también en régimen de compra– y se iniciaron ya más del doble, otros 1.866. Solo Madrid mejora estas cifras –tiene en obras ya 4.942–, si bien entre ambas comunidades suman el 57,4% de todas las que se levantan en España. En siete autonomías «ninguna administración empezó a construir en 2018 ni una sola vivienda bajo tutela pública».

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, subraya en ese sentido la importancia que está adquiriendo el arrendamiento protegido en la política del Gobierno vasco. «Los datos del Ministerio de Fomento ratifican que estamos cumpliendo casi al cien por cien los exigentes objetivos que nos marcamos en el Plan Director de Vivienda 2018-2020», asegura, tras remarcar que ese documento incluye el compromiso de que el año que viene, «el 100% de los pisos que promueva directamente la viceconsejería –no así los privados que levanten inmuebles con algún tipo de protección– se tendrán que destinar obligatoriamente al alquiler, ni uno solo a la compra». Dicho de otra manera más clara, con su propio dinero el Ejecutivo solo promoverá arrendamiento protegido.

En cualquier caso, el responsable socialista considera que el balance autonómico resulta «suficientemente expresivo del esfuerzo que se está realizando». E insiste en que el País Vasco solo ha sido superado por Madrid, «que tiene tipologías muy laxas de protección y casi cuatro veces más habitantes. Comunidades con varias veces nuestra población, como Andalucía, Cataluña y Valencia, están muy por debajo».

Esta apuesta decidida por relanzar la vivienda protegida en Euskadiqueda refrendada en los propios presupuestos del Ejecutivo autónomo. Sin dinero, las promesas se quedan en papel mojado y el propio Plan Director de Vivienda contempla invertir 1.119 millones en sus tres años de vigencia, 48 millones más de los que Fomento destinará a toda España en el mismo periodo.

Arriola asegura que «el camino está ya definido» para volver a situar la vivienda protegida como un referente en Euskadi tras años de frenazo debido a la crisis económica. En cualquier caso, reconoce que «no podemos darnos por satisfechos porque las necesidades siguen siendo importantes y necesitamos hacer un esfuerzo más intenso y continuado para disponer de un parque público de vivienda suficiente que de respuesta a las necesidades sociales». No en vano, los cálculos del Ejecutivo apuntan a que todavía se tardará una década en conseguir pisos protegidos para todos los que los demandan. Y recuerda que la ley vasca de 2015 obliga a la Administración autónoma a garantizar un hogar digno al que no puede lograrlo por sus propios medios. Un derecho subjetivo que tendrán reconocido 18.000 familias antes de 2025.

La experiencia vasca ha despertado ya el interés de otras comunidades, pero también de países. De hecho, el propio Iñaki Arriola está en Chile, donde el lunes firmó un acuerdo de colaboración con su Ministerio de Vivienda. El país sudamericano quiere aprender de la gestión en Euskadi, tanto de la vivienda social como del alquiler, el funcionamiento de Etxebide o la regeneración integral de barrios degradados.