Los taxis de Gipuzkoa ganan la batalla a Uber

La respuesta ha estado en la Justicia. Los mismos tribunales que dieron la razón en un primer momento a la empresa solicitante de las licencias se la tuvieron que quitar años después por una tramitación en la que no se cumplieron todos los requisitos, un culebrón administrativo que ha escrito ahora punto y final, a favor de los taxistas tradicionales.

Las asociaciones llevan años vigilantes ante cualquier intento de entrada de licencias VTC en Gipuzkoa. El origen del conflicto que mantiene en pie de guerra a los taxistas de toda España está en la legislación estatal, que permitió entre 2009 y 2015 que se solicitaran este tipo de permisos, una apertura que luego se intentó frenar con posteriores reglamentos que exigen cumplir el ratio 1/30 (una licencia VTC por cada 30 de taxi), límite ahora en vigor.

Pero el conflicto ya estaba lanzado y ha estado esperando respuesta de los juzgados, con miles de licencias solicitadas en cola de salida. Los tribunales empezaron a dar la razón a las empresas solicitantes y a autorizar los permisos pedidos durante la ventana legal abierta entre 2009 y 2015. Así ocurrió con las 60 licencias pedidas por Ares Capital en Gipuzkoa. La Diputación había desestimado en un primer momento la concesión, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictó a favor de la empresa en 2014.

En principio, y como ha ocurrido con estos procesos en otras comunidades donde proliferan las VTC, el respaldo judicial debía de poner punto y final al conflicto. En octubre de 2016, la Diputación volvió a estimar la solicitud de Ares, en cumplimiento de la sentencia, e inició la pertinente tradición. Y ahí saltó la liebre. Defensoras de su negocio, y ante la falta de regulación del sector emergente de las VTC, las asociaciones del taxi de Gipuzkoa siguieron al detalle el proceso de tramitación de esas 60 licencias.

La Federación Vasca del Taxi, la Asociación Guipuzcoana del Taxi y la empresa Vallina Hermanos S. A. -que curiosamente tiene 11 de las 24 licencias VTC que operan hoy en Gipuzkoa- presentaron un recurso de alzada contra la resolución foral al detectar incumplimientos en la tramitación administrativa para conceder los permisos a Ares Capital. Era noviembre de 2016. En enero de 2017, la Diputación tuvo que retractarse y aprobó una resolución para paralizar la concesión de esos 60 permisos.

Un informe de la secretaría técnica del Departamento de Movilidad dio la razón a los taxistas y confirmó que se había incumplido de forma «reiterada» el plazo legalmente establecido para aportar toda la documentación. También consideró acreditado que la empresa solicitante no había aportado a su debido tiempo la documentación que acreditaba la suscripción de los seguros. Y además se confirmó que nueve de los vehículos para los que se solicitaba la licencia VTC ya contaban con esa autorización en Málaga.

En marzo de 2017, Ares Capital presentó el recurso a esta decisión ante el TSJPV. En febrero de 2018, el tribunal tumbaba la tramitación en una sentencia en la que daba la razón a la Diputación. Las asociaciones del taxi en Gipuzkoa, representadas por el despacho Arruti y Antúnez Abogados, celebraba la victoria, aunque daban por hecho que Ares Capital apuraría la vía judicial. Efectivamente, la empresa recurrió al Tribunal Supremo, que en resolución del pasado mes de octubre, desestimaba la petición.

Gipuzkoa cierra así el camino al paquete de licencias VTC más numeroso solicitado. A los 25 permisos en vigor desde hace años -la mayoría en manos de las empresas Suital y Vallina- solo podrían sumarse otras 5, en caso de inicien la tramitación administrativa. Las asociaciones del taxi prometen estar ojo avizor.