La tarifa de la tasa turística se aplicará también a los cruceros que hagan escala en Euskadi

Las tarifas, por su parte, no serán fijas, sino que variarán en función de la categoría del alojamiento, y quien tendrá que hacerse cargo del abono de ese plus si el cliente no paga será el propio establecimiento.

El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, comunicó hace dos semanas a los miembros de la Mesa su propuesta respecto a este gravamen: un impuesto autonómico, de implantación voluntaria por cada municipio y cuya recaudación servirá para reforzar las políticas públicas de turismo. Tres líneas de actuación fundamentadas en lo expuesto por el jurista «de reconocido prestigio», Isaac Merino Jara, catedrático en Derecho Financiero y Tributario de la UPV, a quien se le encargó la labor de aclarar el marco legal para gravar las estancias de los turistas en Euskadi.

Según el experto, «no es discriminatorio» que esta tasa grave las pernoctaciones y no otras actividades turísticas llevadas a cabo por los excursionistas, que suponen un amplio porcentaje de quienes visitan el territorio. Esta es una de las mayores críticas vertidas por el sector del alojamiento de Gipuzkoa, que no entiende por qué se «penaliza» a quienes duermen en el territorio.

A nivel jurídico, tampoco se considera que haya doble imposición con respecto al IVA -al tratarse de un hecho imponible diferente-, incompatibilidad con el Impuesto de Actividades Económicas, ni vulneración de la libertad de establecimiento personal o empresarial.

Una de las cuestiones que el consejero ha defendido desde el inicio de la legislatura es que la heterogeneidad de Euskadi respecto al turismo debía estar reflejada en este tributo. Es por ello que propuso que fuera cada municipio el que decidiera aplicar o no el gravamen, una cuestión que carece de «obstáculos jurídicos». Además, según la Ley de Bases de Régimen Local, las comunidades autónomas pueden «delegar la competencia de liquidación y recaudación de tributos propios», pero ésta, indica el informe, debe «acompañarse de la financiación necesaria -a los ayuntamientos- para llevarse a cabo».

Otra de las cuestiones que más ampollas levanta es cómo recaudar y a qué destinar ese dinero. La propuesta del consejero, que tampoco se ha topado «con ningún obstáculo jurídico», va encaminada a que sea el propio Departamento el que reciba esos ingresos extras para posteriormente ceder una parte a los ayuntamientos adheridos, «en proporción a los ingresos que generen».

El resto será utilizado por la administración turística vasca para el desarrollo de políticas generales de turismo, como el desarrollo de infraestructuras y servicios relacionados con el sector, la financiación de programas de desestacionalización o la recuperación del patrimonio histórico y cultural, entre otros. De esta forma, recoge el estudio, «se contribuirá al objetivo de redistribución que toda fiscalidad debe perseguir».

Asimismo, dicho informe confirma que el Parlamento vasco es competente para regular este impuesto, pero con «determinados límites», como que no esté previsto por el Concierto económico, que no recaiga sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por tributos locales; y, en su caso, que se compense a los ayuntamientos para que sus ingresos no se vean afectados. Ahora bien, que el impuesto pueda ser autonómico no significa que no pueda serlo foral. Y así lo recoge igualmente en otro apartado en el que refiere que las Haciendas de cada territorio también tienen «competencia tributaria».