El Supremo da la razón a los vecinos del Tenis de Laredo, que reclaman 27 millones de euros

En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo inadmite a trámite –entre otros motivos por falta de interés casacional– el recurso que presentó el Ayuntamiento de Laredo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que adquiere firmeza, en la que ordenaba al Consistorio pejino que incoase, instruyera y resolviera la reclamación de responsabilidad patrimonial que presentaron los afectados por la sentencia de demolición.

Lo que defienden los vecinos es que tras los trabajos de demolición parcial, que no se sabe cuándo se ejecutarán, quedaría un edificio en obra que necesitaría la obtención de las correspondientes licencias tanto para la conclusión de las obras como para la recuperación de las viviendas. Eso supone que los propietarios perderían sus viviendas al recibir una obra en construcción y sin licencia de primera ocupación, motivo por el que reclaman al Ayuntamiento la indemnización correspondiente por dicha pérdida, que en su momento valoraron en un montante total de 27 millones de euros.

Aunque esta resolución afecta a un propietario, se da por hecho que el resto de reclamaciones correrán la misma suerte, con lo que el Consistorio laredano tendrá que abrir procedimientos de responsabilidad patrimonial por cada propietario que reclame. A partir de ahí, tendría que determinarse la cantidad que el Ayuntamiento debería garantizar por la vivienda de cada vecino. Todo ello, en cumplimiento de la sentencia del TSJC que aceptó las pretensiones de los vecinos en base a la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico de Cantabria, que se vio modificada por la Ley 2/2011 introduciendo en la región una serie de disposiciones relativas a las ejecuciones de derribo y procedimiento de responsabilidad patrimonial en estos casos. Así, en su epígrafe 4 dispone que «cuando la lesión se produzca como consecuencia de actuaciones administrativas declaradas ilegales que determinen el derribo de edificaciones, se deberá iniciar el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, desde el momento en que se tenga conocimiento fehaciente de la existencia de una resolución judicial o administrativa, firme y definitiva, que establezca la obligación de derribar. Se podrá establecer la cuantía aun antes de la efectiva demolición de los inmuebles, aunque en este caso la efectividad de la indemnización quedará condicionada a la puesta a disposición del inmueble a favor de la Administración obligada a materializar el derribo».

En lo que no se pronunció el TSJC fue sobre la cantidad económica a la que tendría que hacer frente el Ayuntamiento de Laredo en este caso. En sus recursos los vecinos suplicaban que se declarase la obligación del Consistorio de instruir y resolver el procedimiento para cuantificar la indemnización que correspondiese por tal concepto. «Pero la Sala no puede ir más allá de lo solicitado, de forma que ordena a la Administración la incoación, instrucción y resolución del procedimiento correspondiente».

Al margen de estas reclamaciones, se encuentran las de los dieciséis inquilinos de las viviendas bajocubierta del edificio, los más afectados por el derribo parcial. En otra resolución, el TSJC ordenó al Ayuntamiento que garantizara a estos propietarios, «terceros de buena fe», la totalidad del valor de cada una de sus propiedades, incrementado por el 30% en concepto de gastos de notaría y registro, con la aplicación del IPC desde su adquisición (unos 4,5 millones de euros). Este auto también se recurrió al Supremo.