El Supremo decidirá si el Gobierno vasco debe a sus funcionarios 200 millones en planes de pensiones

El alto tribunal considera que existe base para analizar en profundidad el recurso de los sindicatos ErNE y ELA, ya que el asunto tiene «interés casacional» para «la formación de jurisprudencia» y podría llegar a afectar «a todos los funcionarios de las distintas Administraciones públicas del Estado». Según fuentes sindicales, en caso de que sus pretensiones sean estimadas, el Gobierno vasco estará obligado a aportar unos 200 millones de euros al fondo de pensiones de los funcionarios, denominado Itzarri.

ErNE y ELA presentaron el pasado año sendos recursos contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vaso, que falló a favor de la administración. Consideran que el Gobierno vasco estaba obligado en 2014 a retomar las aportaciones a las EPSV de los funcionarios, después de que se levantasen las restricciones incluidas en el Real Decreto que firmó el Gobierno central a finales de 2011. La sentencia recurrida, sin embargo, señala que el Ejecutivo estaba habilitado para revertir los recortes en los planes de pensiones, pero no «obligado».